Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos brindaron una conferencia de prensa este viernes en el marco de la investigación por juego ilegal que sacudió a la ciudad el año pasado cuando cayó el jefe de los fiscales de Rosario y dos subordinados por aceptar coimas junto al pedido de imputación de un senador provincial por sus vínculos en la causa, sigue generando repercusiones.
En total, entre jueves y viernes, fueron siete los allanamientos que se concretaron, entre ellos a una propiedad ubicada en un country rosarino del ex corredor de autos y empresario frigorífico Oscar «Popi» Larrauri. Los funcionarios explicaron que las medidas se hicieron tras la información que se recabó en procedimientos desarrollados en diciembre pasado en estudios contables.
Allí surgieron datos sobre contactos económicos y comerciales vinculados con el arrepentido empresario del juego Leonardo Peiti, quien está en libertad. Y surgió el nombre del ex piloto Larrauri, entre otros. Los fiscales además presentaron un pedido judicial para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal y se ordene la citación a imputativa del senador Armando Traferri, también mencionado en la causa, y a quien la Cámara alta se negó a quitarle los fueros para su imputación.
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Este jueves, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó adelante cuatro allanamientos solicitados por los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Una de la propiedades donde hicieron los operativos fue del ex piloto de Fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri en el country del Rosario Golf Club de Fisherton. También, una propiedad del empresario Gustavo Reyes, ubicada en avenida Real al 9100, de la zona noroeste y las oficinas céntricas de Santa Fe al 1300 y de España al 800.
Los fiscales contaron que este viernes supervisaron otros tres allanamientos en el marco de la pesquisa por juego clandestino. Dos vinculados a Peiti en los domicilios de Callao al 500 y Mendoza al 4300 y el tercero en un estudio jurídico ubicado en Corrientes al 800 perteneciente al abogado José Francisco Fernández Chemes.
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La caja de Pandora del crimen en el Casino
La investigación se inició por el crimen de gerente Enrique Encino, en enero de 2020 en las instalaciones del casino City Center de la zona sur, cuando atacantes abrieron fuego contra el edificio desde una motocicleta. Este asesinato derivó la pesquisa a una banda de extorsionadores con una pata en el clan de Los Monos y una ramificación hacia el juego clandestino, lo que terminó con la vinculación de Leonardo Peiti, entre otros.
Peiti, además de ser imputado en la causa, declaró como arrepentido y generó la caída del entonces fiscal Regional Patricio Serjal, su subalterno Gustavo Ponce Asahad y un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Pero la causa no deja de tener derivaciones como la vinculación fiscal del senador Armando Traferri, en su caso como organizador de una asociación ilícita.
Por la misma causa firmaron juicios abreviados el comisario retirado Alejandro «Pipi» Torrisi y la pareja de Maximiliano “Cachete” Díaz, un lugarteniente del jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, también investigado por extorsiones y juego ilegal.
La ruta del dinero
Los funcionarios explicaron que el eje de los allanamientos fue determinar el patrimonio de la gente involucrada en la investigación. Cuál es su patrimonio y cómo se utilizaba el dinero proveniente del juego ilegal. “fuimos a buscar documentación y celulares” dijo Edery.
El fiscal agregó que la información para estos procedimientos surgió de unos allanamientos que se realizaron en diciembre en estudios contables. Explicó que los lugares allanados pertenecen a personas que tenían un contacto económico con Peiti: “Queremos saber de qué manera se utilizaba el dinero, de dónde provenía, hay algunas financieras”. Los fiscales pretenden desentrañar la ruta del dinero que provenía del juego clandestino.
Dijeron que Peiti tenía parte de su economía lícita y la canalizaba de distintas formas. Están investigando el grado de participación que pueden haber tenido personas allegadas al empresario. Respecto del ex corredor dijeron que Larrauri y Peiti tenía relaciones económicas y comerciales. Agregaron que la documentación secuestrada es mucha y hay que analizarla y ver la relación con el resto de la causa y si derivan en nuevas medidas probatorias.
Traferri
En cuanto al senador Armando Traferri, los fiscales avanzaron en un pedido de inconstitucionalidad para poder imputarlo en la causa. El hecho de no poder imputarlo traba toda la pesquisa respecto a Traferri, dijeron: “Hay una investigación que no se puede librar con el alcance necesario”.
Contaron que lo citaron y voluntariamente no quiso someterse a una imputación, en la Cámara de Senadores rechazaron el pedido y les quedó un tercer camino. “Ahora, lo que tenemos que hacer es que un juez diga que el texto de esta norma es inconstitucional para poder avanzar, vamos a ver cual es la opinión del juez”, concluyeron.
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