La Secretaría de Estado del Hábitat realizó una presentación en Fiscalía, luego de que agentes provinciales detectaran maniobras sospechosas en torno a unidades habitacionales en barrio Olímpico de Rosario. Fue la semana pasada, cuando agentes provinciales alertaron sobre la presencia de dos mujeres ajenas al barrio que, en actitud sospechosa, “marcaban viviendas vacías”. El episodio sucedió en pasaje Vedia y Colastiné, sector donde el gobierno provincial finaliza la construcción de 500 viviendas que fueron recientemente sorteadas.
Tras recibir la notificación, autoridades de la Secretaría de Estado del Hábitat realizaron la denuncia, a fin de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigue el hecho «y contribuya a evitar posibles estafas y usurpaciones».
El secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, manifestó que “como Estado es importante llegar a tiempo, trabajar en la detección y prevención de estafas y sancionar a quienes pretenden cometer delitos o fraudes vinculados a viviendas sociales”.
“Venimos de sortear 500 casas en la ciudad de Rosario y estamos en la etapa de evaluación de los datos declarados por las familias. Cada una de ellas se inscribió en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, una herramienta única en el país que forma parte de una política de modernización y transparencia”, destacó el funcionario, al tiempo que recordó que “la inscripción a los planes habitacionales que ejecuta el gobierno provincial se realiza exclusivamente a través de internet y no tiene intermediarios ni gestores”, agregó.
Leone recordó que “los adjudicados tienen que habitar las casas, no las pueden vender ni alquilar, y deben cumplir con el reglamento de usufructo y con el pago de las cuotas” por lo que instó a la ciudadanía a “colaborar denunciando maniobras fraudulentas a través del correo electrónico registrovivienda@santafe.gob.ar”.
Desde el gobierno provincial dijeron que esta medida se suma a las acciones de seguimiento y control ocupacional que la Secretaría de Estado del Hábitat lleva a cabo en barrios de viviendas sociales, con el fin de recuperar inmuebles en los que se registran irregularidades o cuyo destino social haya sido vulnerado.
