El fiscal federal Federico Delgado tiene ha “probado” que desde la base aérea de Palomar partían “vuelos de la muerte”. Durante la última dictadura militar, las aeronaves partían desde allí, con prisioneros y los arrojaban an aguas abiertas. El fiscal pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial.
Mediante un dictamen de más de cuarenta carillas, que incluye anexos con datos, listados y hasta una maqueta, Delgado sostuvo que en el predio comprendido entre las calles Benjamín Matienzo, Capitán Rosales, Derqui José Rodó, el arroyo Morón y las vías del ferrocarril San Martín, operaba “el grupo de tareas denominado ‘G 100’ que materializaba la represión ilegal”.
Tras obtener el dictamen, que fue producto de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó “formalmente” al juez Rafecas que “declare judicialmente probado la existencia de los denominados ‘vuelos de la muerte’ en la Primera Brigada Aérea de Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil”.
Delgado sostuvo que en esa base aérea “los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos ‘regulares’ y de los ‘otros’. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el mundial de 1978”.
“Así como había personas privadas ilegalmente de la libertad, otras disfrutaban de las piletas, de las canchas de tenis e incluso de un frontón en el que otras personas esperaban ser ‘trasladadas’ en un avión con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado: la muerte”, explicó el representante del ministerio público.
Por lo tanto, en dicha base aérea “convivió” un aspecto “legal del Estado con una fase criminal. Allí donde algunos conscriptos cumplían con el servicio militar, también habitaba el temido grupo de tareas ‘G 100’ que regenteaba la geográficamente cercana ‘Mansión Seré’. Donde esos mismos jóvenes pasaban sus días, había personas que ingresaban a lo que se denominó la ‘casita de la muerte’, otros eran torturados”.
Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex “conscriptos” que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación ya que ellos advertían sobre la existencia de “vuelos” aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieren sido arrojadas a las aguas.
Ello impidió a la fiscalía efectuar imputación concreta contra ningún jefe militar ante “la imposibilidad práctica de la investigación para llegar a hechos claros y distintos pasibles de ser contrastados con la ley pena” lo que “devela un difuso resultado cuya carga moral es demasiado compleja para adjudicarla en términos unilaterales a responsables a título individual”.
Los testimonios son “menciones que carecen de la entidad necesaria como para construir una imputación, siquiera con el escaso grado de sospecha” que exigen las normas legales “al menos por ahora y carecen de esa mínima certeza porque se trata de nombres derivados de la memoria de los testigos que, a su vez, remiten a versiones que se oían en la época de los hechos y que, para colmo de males, no tienen ningún tipo de referencia espacio temporal y tampoco de alguna víctima”, añadió Delgado.
“Concretamente se podrían resumir en la siguiente fórmula ‘…se decía que fulano era parte de los vuelos de la muerte…’ Esas afirmaciones y otras similares se repiten en muchos casos. Por ejemplo, sobre la existencia de presos ilegales y vuelos de exterminio”, afirmó el fiscal en su extenso dictamen.
“Dicho de otro modo, adjudicar responsabilidades de ese tipo constituiría una simplificación excesiva y carente del consenso necesario para que tenga sentido la inculpación para la comunidad en la que coexistimos”, afirmó Delgado, y no ocultó su decepción ante el “fracaso” de la investigación en cuanto a la falta de imputados.
Este tramo del expediente que Rafecas lleva adelante en el marco de la “megacausa” por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, se basa en una denuncia de Lorena Carla Pacino, quien refirió que su padre Carlos Pacino fue visto por última vez en el “Olimpo” antes de subir a un camión que lo condujo a la Primera Brigada Aérea de Palomar y cuyo cuerpo luego “fue hallado en la costa atlántica”.
