Por: Ezequiel Nieva
Los diputados obeidistas Mario Lacava y Silvina Frana exigieron que el gobierno provincial ponga en marcha la comisión de seguimiento del Fondo Salarial para discutir el destino de los recursos que llegan a la provincia por el Fondo Social Solidario, más conocido como Fondo Sojero. Según se dispuso en el artículo 29 de la ley sancionada en marzo, mediante la cual la provincia pudo hacer frente a los aumentos salariales para empleados públicos y docentes, si los ingresos en concepto de Fondo Sojero superaban los 557.369.000 pesos, la distribución del excedente debía ser decidida por la comisión de seguimiento, integrada por legisladores, funcionarios del Ejecutivo y representantes de los gremios estatales.
Según datos oficiales, entre enero y octubre llegaron a Santa Fe 564.053.687,02 pesos del Fondo Sojero –que se conforma a partir de un porcentaje de las retenciones a la exportación de soja y se distribuye entre todas las provincias–, lo que representa un 22,96 por ciento más de lo presupuestado hasta octubre. La norma vigente determina que el 70 por ciento de ese dinero queda para la administración provincial y el 30 por ciento restante se distribuye entre municipios y comunas. Pero con la sanción del Fondo Salarial se incluyó un artículo que habilita la discusión sobre el reparto del excedente, con el objetivo de beneficiar a las localidades en detrimento de la provincia.
Superado en octubre el tope de los 557 millones, los diputados opositores salieron a reclamarle al gobernador Hermes Binner la constitución de la comisión de seguimiento del Fondo Salarial, dispuesta en el artículo 27 de esa ley. Frana y Lacava le recordaron a Binner su intención inicial de constituir el fondo mediante una reforma tributaria –que finalmente no prosperó en la Legislatura– y aprovecharon para refrescarle el vaticinio del PJ respecto de una mejora en la recaudación: “Los indicadores económicos elaborados por las consultoras dejaban entrever lo que finalmente sucedió: un fenomenal aumento de la recaudación”.
Con la votación del Fondo Salarial, a fines de marzo, se dispuso que la comisión de seguimiento debía constituirse en un plazo no mayor a 90 días. No obstante, recién a principios de octubre el gobernador firmó el decreto 1.925 por el cual reglamentó la comisión, conformada por 15 miembros, que todavía nunca se reunió. Según ese decreto, funcionará con cinco representantes del Ejecutivo –dos del Ministerio de Gobierno, dos del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Trabajo–, cuatro representantes del Poder Legislativo –dos diputados y dos senadores–, dos representantes de intendentes y presidentes comunales y cuatro miembros de los gremios que integran las mesas paritarias provinciales y municipales.
Una de las funciones de la comisión era controlar la evolución de los ingresos y egresos de la provincia para, en caso de déficit, disponer medidas alternativas que permitieran mejorar los recursos. El incremento sostenido de la recaudación provincial –empujado a su vez por la mejora de los ingresos vía coparticipación federal– hicieron innecesaria esa tarea. La otra función está explicitada en el artículo 29 de la ley del Fondo Salarial: “Para el supuesto que los montos remitidos por el Estado nacional en concepto de Fondo Federal Solidario superen la suma de 557.369.000 pesos, la comisión dispondrá la forma de distribución y aplicación del excedente resultante”.
En un proyecto de resolución ingresado en la última sesión del período ordinario, los diputados Lacava y Frana señalaron: “Es necesario poner en práctica la comisión pues de acuerdo a la información de la página web oficial de la provincia lo recaudado en concepto de Fondo Federal Solidario acumulado entre enero y octubre alcanza la cifra de 564.053.690 pesos, lo cual demuestra que se superó el monto establecido en el artículo 29”. Y, en otro párrafo de los fundamentos, añadieron: “A la fecha, la comisión no ha sido conformada por parte del oficialismo”. Para Silvina Frana, se trata de una maniobra del gobierno provincial: “Tenía que constituir la comisión y en la última sesión ordinaria la minuta (su proyecto de resolución) fue rechazada en la comisión de Labor Parlamentaria, transgrediendo la ley votada y perjudicando claramente a las localidades de la provincia”.
