El juez neoyorquino Thomas Griesa declaró formalmente a la Argentina en «desacato» por no cumplir con el pago de la sentencia favorable a los fondos buitres, que obliga al pago de u$s 1.330 millones.
Según revelaron testigos de la audiencia que se celebra en los tribunales de Nueva York, el veterano magistrado dictó que el país no cumple con las órdenes de la Justicia estadounidense, a pesar las advertencias por injerencia en la soberanía del Gobierno nacional a la administración de Barack Obama.
Desde el interior de la sala de la Corte distrital trascendió que Griesa no definió todavía si también aplicará una sanción económica diaria, como habían exigido los holdouts. «No creo que sea apropiado lidiar con sanciones esta tarde. La decisión sobre la multa monetaria vendrá después», dijo el juez durante la reunión donde participaron ambas partes y el mediador Dan Pollack.
Al justificar la medida, Griesa recordó que el desacato ya había sido solicitado en otras oportunidades, pero que en el último tiempo el país «dio pasos ilegales violatorios de su fallo», lo que amerita la declaración. En ese marco, aseguró que los discursos políticos, los documentos, solicitadas y las leyes, en particular la que cambia de jurisdicción a Buenos Aires el pago de la deuda, fueron claves para adoptar la medida. Griesa puso el énfasis en el reemplazo del Bank of New York Mellon (BoNY) por el Nación Fideicomisos.
Con esta decisión quedó descartada a otra ronda de negociaciones en el bufete del abogado Pollack, que aún sigue contratado (y pagado) por las partes en litigio para que encuentre una salida negociada con los fondos buitre.
Horas antes del veredicto, el Gobierno ratificó que este martes cumplirá con el pago previsto por casi u$s 200 millones para bonistas tenedores de títulos emitidos bajo legislación nacional.
Ámbito Financiero informó que los buitres buscan aplicar algún tipo de multa a la Argentina por cada día de falta de pago del país, contabilizando desde el 30 de julio pasado. Si bien fuentes judiciales hablaban de una multa de u$s 50.000 diarios, los propios Ted Olson (el abogado del fondo buitre NML Elliott) y Edward Friedman (Aurelius) aseguraban el viernes pasado, luego de la audiencia por el pago del Citigroup, que el monto podría ser, si Griesa toma este rumbo, hasta diez veces mayor; esto es un 10% del valor de la sentencia por año (unos u$s 160 millones anuales, u$s 320 millones desde la sentencia de 2012). Consideraban Olson y Friedman que una penalidad de u$s 50.000 por día es una multa de un 1% del valor de la sentencia; algo más simbólico que efectivo.
Los alegatos de la defensa argentina estuvieron a cargo de Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Por los buitres, también estuvo Robert Cohen, de NML.
Este mediodía, el canciller Héctor Timerman informó el envío de una carta al gobierno de los Estados Unidos y otra a Griesa para expresar un contundente rechazo al pedido de desacato. «El derecho y las prácticas internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados extranjeros», dijo Timerman, para luego subrayar que «no existen por otra parte fundamentos para declarar a la Argentina en desacato e imponer sanciones».
«Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo», dijo Timerman. «Esa pretensión (de desacato formulada por los fondos buitre) implica un desconocimiento o una percepción alterada de las normas del derecho internacional vigente o de la convivencia pacífica del orden global», agregó el funcionario.
