Tras el rechazo, por parte de la Asamblea Legislativa –en la que el PJ tiene amplia mayoría–, del pliego de Enrique Font como auditor de los fiscales, se desató una fuerte polémica entre oficialismo y oposición. Desde el gobierno destacaron el nuevo sistema de selección de postulantes para cubrir cargos en el Poder Judicial y remarcaron la idoneidad de Font –ex funcionario del gobierno de Hermes Binner–, mientras que la oposición insistió en que el criminólogo “no acreditó experiencia para el cargo ni ofreció antecedentes”. Los guarismos fueron un cachetazo para el Ejecutivo: 41 votos por la negativa contra 22 votos afirmativos.
Postulado por el gobierno, tras participar de un concurso público, como auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación –uno de los nuevos organismos creados a partir de la reforma penal–, Font se mostró ayer “sorprendido” por la decisión de los legisladores del PJ –que validaron 13 pliegos de jueces y rechazaron otros tres, además del suyo– y los acusó de intentar “golpear al gobierno” de Antonio Bonfatti: “Fue una sorpresa más que nada porque había ganado un concurso hecho con jurados independientes que representaban a las universidades nacionales, a los colegios de abogados de la provincia y con una presidenta externa”.
El abogado y ex secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia –cargo al que renunció para participar del concurso de auditor– cuestionó a los diputados y senadores del PJ y del PRO que dominan la Comisión Bicameral de Acuerdos, desde donde emitieron un dictamen negativo a su pliego, y que le bajaron el pulgar en la Asamblea Legislativa del jueves 3: “Sentía que tenía todo un recorrido de formación, profesional y de gestión, que era adecuado para el cargo, y me imaginaba que algún sector, por cuestiones ideológicas, iba a plantear el rechazo. Sin embargo, no suponía que eso iba a ser utilizado para saldar cuestiones de la Legislatura con el gobierno”.
Los argumentos centrales del rechazo, según el senador Ricardo Kauffmann, uno de los voceros del PJ, fueron: “El postulado no tiene el perfil que para nosotros debiera tener quien sea designado para un cargo tan importante y, por eso, no podemos dejarnos llevar por un mar de antecedentes de otro tipo”.
Font retrucó ayer en una entrevista con LT8: “Está acreditado que he trabajado de abogado y he litigado, aunque es un cargo de auditoría, no de litigio. Pero algunos diputados no tenían en claro ni siquiera de qué se trataba el cargo y no habían leído el plan de trabajo que presentamos”.
El ex funcionario de Binner le apuntó de lleno al rossismo, sector al que acusó de anteponer la interna partidaria a la coherencia política: “Lo que jugó acá fue golpear al gobierno desde la oposición. Hay sectores de la oposición, que responden a Agustín Rossi, que tiene una posición política tomada en términos de construir acuerdos en materia de seguridad y de reforma judicial, pero su bloque en vez de acompañar esta línea juega más prestando atención a la interna peronista y vota en contra”.
Las quejas de Lewis
En tanto, el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, opinó ayer que “los postulantes tienen condiciones idóneas para los cargos” y defendió el mecanismo de selección: “Hay una norma que rige este tema que es el artículo 86 de la Constitución provincial, que establece que los jueces los nombra el gobernador con el acuerdo de la Legislatura”. El funcionario recordó el decreto de autolimitación firmado por Binner, que regula el funcionamiento “público y transparente” del Consejo de la Magistratura, pero se quejó porque carece de “reconocimiento constitucional” y por ende “funciona sólo como órgano de consulta”.
Respecto del procedimiento para la selección de postulantes para el Poder Judicial, el ministro remarcó que se trata de un proceso “más complicado que la elección a dedo” y recordó que hubo participación de las universidades públicas, los colegios de abogados y otras instituciones: “Finalmente, después de un procedimiento que podrá ser perfectible pero que garantiza un umbral de calidad en el postulante y además garantiza mucha publicidad porque son concursos públicos, se llega a un nombre que el gobernador eleva a la Legislatura”.
Lewis le reclamó a la oposición que explique las “razones” por las cuales rechazó el pliego de Font. “Desde el Ejecutivo, este acto de gobierno que es postular a un candidato lo hacemos dando razones. Sería ideal que la Legislatura diera razones de por qué se rechaza o acepta un pliego”. Y enfatizó: “Creemos que los postulantes estaban en condiciones idóneas para los cargos”.
El “pecado” de Font
El diputado socialista Joaquín Blanco fue mucho más crítico que el ministro. “El pecado de Font ha sido participar del gobierno de Binner”, opinó tras el rechazo del pliego. “Lamentablemente, el despropósito pergeñado por la bancada mayoritaria ha sentado un peligroso precedente de cara al futuro institucional de la provincia. Las instituciones de la provincia se han visto afectadas seriamente por una decisión totalmente arbitraria de la bancada mayoritaria y, realmente, es preocupante en cuanto al futuro del juego político porque el rechazo no sólo es una afrenta a la calidad del postulante sino al propio tribunal evaluador del concurso”.
“El pliego de Enrique Font muestra nítidamente a un profesional altamente capacitado y de sobrada experiencia para ocupar el cargo legítimamente obtenido”, justificó el diputado oficialista, “pero ha sido rechazado sentándose con ese despropósito un peligroso precedente. Si hoy se priva a Santa Fe de la participación en el Poder Judicial de personas de esta valía, podemos esperar cualquier otro atropello posterior. Estamos convencidos que el gran pecado que tuvo Enrique Font fue el hecho de haber sido miembro del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Hermes Binner”, concluyó Blanco.
Las razones del PJ
Por su parte, el senador justicialista Ricardo Kaufmann –presidente además de la Comisión Bicameral de Acuerdos– justificó el rechazo del pliego de Font: “El postulado no tiene el perfil para ser designado para un cargo tan importante, no acreditó ninguna experiencia en el ejercicio de la abogacía, no ofreció antecedentes en la magistratura o en alguna Fiscalía y, además, no tiene relación con el Poder Judicial. A pesar de ello, el gobierno pretende que ejerza nada menos que el cargo de auditor de los fiscales. El gobierno pretende que el postulado audite a los fiscales, es decir, tiene que auditar algo sobre lo cual no tiene ningún antecedente”.
“No podemos dejarnos llevar por un mar de antecedentes de otro tipo, sean éstos académicos o de cargos públicos”, siguió el senador opositor.
“A nosotros no nos convence este hombre (por Font) para manejar en la práctica, no en la teoría, una labor tan importante como es la del cargo de auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación”, concluyó Kauffmann.
