El gobernador de Formosa, Gildo Insfran, decretó este jueves el regreso a fase 1 de las restricciones, conocida como Aspo, en la capital provincial y el cansancio de algunos residentes que se manifestaron en las calles para rechazar la medida derivaron en incidentes con la policía, que utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los que resisten la vuelta al aislamiento. El mandatario justificó el endurecimiento de las disposiciones sanitarias en el aumento de contagios por covid en la ciudad.
Las autoridades de la ciudad de Formosa, en acuerdo con el gobierno provincial, determinó regresar a la etapa más estricta del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde la hora cero de este jueves hasta el 18 de marzo, tras detectarse 17 nuevos casos de coronavirus.
La decisión impone el cierre de los locales comerciales no esenciales, la suspensión del transporte interjurisdiccional y la reducción del urbano.
Ya en la noche del jueves, decenas de personas se congregaron frente a la Casa de Gobierno formoseña para protestar contra las nuevas restricciones y reclamaron una marcha atrás para mantener las actividades. Además de vecinos, por eso, se sumaron comerciantes de distintos rubros, golpeados por la pandemia y las medidas para contener los contagios.
Las protestas, que continuaron este viernes, transcurrieron al principio sin incidentes. Pero cuando un grupo de manifestantes intentó sortear el vallado de seguridad dispuesto alrededor de la Casa de Gobierno, la policía reaccionó con gases lacrimógenos y balas de goma.
El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González, describió los episodios como “una situación extraña» y justificó las restricciones. Argumentó que en los últimos tres días, la capital registró 43 contagios. “La mayoría no tienen nexo epidemiológico, eso indica circulación comunitaria, el único mecanismo para detener esto es el Aspo por 14 días. El brote afecta a 34 barrios de la capital”, completó. Y aclaró que en el resto de la provincia la situación es normal.
«Tenemos 2,5 muertos por cada 100.000 habitantes cuando en Caba tienen más de 200, sin embargo fuimos objeto de una brutal campaña de los medios dominantes”, contrarrestó el ministro González ante las voces opositoras que repudiaron la represión policial y, antes, denunciaron «violaciones a los derechos humanos» en los centros de aislamiento para los infectados.
