En el escrito enviado al juzgado, Cancillería explicó que el correo electrónico fue recibido el 3 de marzo de 2015 a las 15.55 «en una casilla de esta Embajada de naturaleza institucional el correo de Alberto Gil» y precisó que «el agregado administrativo Daniel Media es quien tenía acceso a dicho correo en esa fecha».
El juez federal Julián Ercolini recibió un informe mediante el cual la Cancillería explicó que no pudo identificar al autor de un correo electrónico enviado a la embajada argentina en Madrid y que aludía a una supuesta entrega de documentos sobre la causa Amia por parte del fallecido fiscal federal Alberto Nisman ante de ser encontrado muerto en enero de 2015.
La causa por la muerte del ex titular de la UFI Amia está a cargo de Ercolini y la investigación, delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, quien espera que la Cámara Federal de Casación resuelva sobre la validez como prueba de un informe de un organismo antilavado estadounidense sobre una cuenta con depósitos por 600 mil dólares en el Merryl Lynch de la que Nisman era apoderado, explicaron a la agencia Télam fuentes judiciales.
En cuanto al correo electrónico, llegó a la embajada argentina en Madrid el 3 de marzo de 2015, luego de la muerte del fiscal federal, y tenía como remitente a alguien que se identificó como Alberto Gil y no pudo ser ubicado, según el informe que recibió el juez en base a un pedido de informes que había hecho en la causa la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini antes del pase del caso al fuero federal por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Según el correo electrónico, Nisman le habría entregado documentación relativa a la causa Amia y a su denuncia por encubrimiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, «por si le pasaba algo» y aludía a un chantaje.
Según quien escribió el mensaje, Nisman pidió guardar los documentos en el exterior para «entregrárselos un mes después en Buenos Aires».
Esto debía ocurrir, según el mensaje, «si todo le salía bien y no le pasaba nada, porque lo estaban chantajeando».
En el escrito enviado al juzgado, Cancillería explicó que el correo electrónico fue recibido el 3 de marzo de 2015 a las 15.55 «en una casilla de esta Embajada de naturaleza institucional el correo de Alberto Gil» y precisó que «el agregado administrativo Daniel Media es quien tenía acceso a dicho correo en esa fecha».
Desde allí, el texto fue reenviado a las 18.45 a «las casillas de correo de esta Embajada relacionadas con los temas de naturaleza jurídica».
«No se recibieron otros correos electrónicos del remiten, no existen datos relativos a presentaciones o trámites efectuados por otros medios por Alberto Gil. No se tiene conocimiento de quién es «Pedro», al cual parece dirigirse el correo electrónico», se explicó.
La existencia del correo y de ese mensaje se supo un año después de la muerte de Nisman, cuando fue enviado al juzgado.
«Me dijo que si le pasaba algo le hiciera llegar estos documentos y las dos memorias a unos periodistas que los nombres estaban dentro del sobre y subiera todo el contenido de las memorias y los documentos que estaban en el sobre a un canal de Youtube, que las indicaciones también estaban dentro del sobre», escribió el autor del correo electrónico.
Además, consignó que NIsman le habría dicho que «le querían arruinar la vida y decía que era por su trabajo, porque había personas muy poderosas que lo querían sacar del medio».
Desde que ordenó una serie de medidas de prueba al hacerse cargo de la causa, el fiscal Taiano espera poder acceder a un informe de la «Fincen», un organismo antilavado estadounidense, sobre los movimientos de la cuenta que la hermana y la madre de NIsman y el empleado informático Diego Lagomarsino tenían a su nombre en el banco Merryll Lynch, de la que el fallecido fiscal era apoderado.
Este informe está en manos del juez federal Claudio Bonadio, en una causa donde se investiga a Sandra Nisman, Sara Garfunkel y a Lagomarsino por supuesto lavado de activos pero el magistrado rechazó enviarlo al fiscal Taiano porque entendió que aún Casación no se pronunció sobre su validez como prueba.
El máximo tribunal penal del país tiene que resolver el tema, algo pendiente desde marzo pasado.
