A menos de dos semanas de haber cerrado la paritaria nacional, los gremios aceiteros de todo el país iniciaron este jueves una huelga nacional por la reincorporación de los más de treinta despedidos en Cargill y en reclamo por el cumplimiento del aumento acordado por parte de “algunas empresas que no están cumpliendo”.
El paro que iba a arrancar a las cero horas de este jueves había quedado en suspenso por la convocatoria a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tras la reunión, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODYARA) ratificó la medida de fuerza.
La pelea aceitera por los cesanteados en las plantas de Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Bahía Blanca de Cargill, sumó como nuevo motivo el incumplimiento de la paritaria, en la que el gremio logró un 19% de aumento salarial más un adicional por presentismo retroactivos al 1° de enero, más la actualización de suma no remunerativa –que se pacta en forma anual desde 2010– que quedó en 26.987 pesos el equivalente a poco menos de un salario básico del sector, que pasó de 25 mil a 29.750 pesos.
Además de la huelga de la Federación Aceitera, que representa a todos los gremios del sector del país a excepción del Soea de San Lorenzo, el gremio aceitero de Rosario, Soear, convocó a los trabajadores de la región a concentrarse frente a las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear de la Cargill.
La medida se decidió en la escalada del conflicto con la multinacional de origen estadounidense ante la respuesta de la firma, que ratificó como una “decisión irreversible” los despidos y el reemplazo de los trabajadores cesanteados por otros “con actitudes y comportamientos acordes a las necesidades del negocio”.
El conflicto en Cargill va camino a ser señero entre los choques por condiciones de trabajo y fuentes laborales. “Los trabajadores aceiteros y desmotadores de todo el país le decimos a la empresa multinacional Cargill que no puede seguir adelante con sus despidos arbitrarios, con su ataque a los derechos laborales y sindicales, con su persecución a la comisión gremial interna intentando su desafuero y despido, con su deterioro de las condiciones de salud y seguridad en la planta, con sus lockouts patronales y sus descuentos de salario ilegales”, habían planteado desde la Federación Aceitera, enrolada en la CGT.
En réplica, la firma agroexportadora había negado la situación denunciada y cargado sobre el gremio la responsabilidad por los tres cierres temporarios de sus plantas que dispuso unilateralmente, licenciando a los trabajadores sin goce de sueldo. “Se desmiente en forma categórica que exista deterioro de las condiciones de salud y seguridad en nuestras plantas”, sostuvo Cargill. “Lo único que provocó condiciones inseguras fueron los más de 85 paros frecuentes e intermitentes realizados mientras la plantas estuvieron operativas”, insistió, alegando que suspender “las operaciones en tres oportunidades”, al ponerse “en riesgo la seguridad de las personas y de las operaciones”.
Así las cosas, no habrá actividad en plantas y puertos de la actividad de todo el país, incluido el Gran Rosario: “Tal determinación fue tomada en base al mandato establecido por el voto de los delegados presentes en el 9° plenario de delegados de base realizado en la ciudad de Buenos Aires los días 14 y 15 de marzo del presente año”, explicó la Federación Aceitera. Y ratificó: “Frente a la ofensiva patronal, con la fuerza colectiva de la huelga garantizamos la plena vigencia de nuestros derechos como trabajadores”.
