El conflicto abierto en la automotriz General Motors a partir de que una parte de los trabajadores rechazara el acuerdo firmado por el gremio Smata y la empresa –suspensión de 350 empleados hasta diciembre con cobro reducido de haberes y a partir de allí un futuro laboral incierto– está lejos de resolverse.
Este martes, un centenar de trabajadores viajaron a la ciudad de Buenos Aires junto al concejal de la Coalición Cívica Carlos Comi y la diputada nacional del Frente Para la Victoria Josefina González: esperaban poder reunirse con autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación para solicitarle que no homologue el pacto. Pero no fueron recibidos. Referentes de la cartera laboral argumentaron que el acta con la compañía radicada en Alvear había sido rubricada por la mayoría de los delegados –23 de 24– de la planta junto al sindicato de los mecánicos a nivel nacional y local, y esos eran los interlocutores que aceptaban.
Los legisladores y los empleados, de todos modos, expusieron el conflicto frente a la escuela itinerante de los gremios docentes en la Plaza de los dos Congresos y el jueves próximo tienen previsto un nuevo viaje para reunirse con referentes legislativos, como el diputado Héctor Recalde.
Además, Comi le solicitó al ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, que su cartera realice una constatación de eventuales daños e incapacidades sufridas por los trabajadores hoy suspendidos a consecuencia de sus tareas, a fin de que les sirva como elemento de posibles acciones legales futuras contra la empresa.
