Francia afirmó este viernes que mantiene su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur tal como está ahora, tras recibir un informe que pone en duda que las «ganancias económicas» del tratado compensen los «costos climáticos».
«El proyecto de acuerdo no contiene ninguna disposición que permita controlar las prácticas de los países del Mercosur en materia de lucha contra la deforestación», dijo el gobierno francés, y aseguró que esa es «principal razón» por la que se opone al acuerdo.
Además, el gobierno del presidente Emmanuel Macron exigió, para seguir en las negociaciones, que se respete la letra del Acuerdo de París contra el cambio climático y que las importaciones al bloque procedentes de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) cumplan con las normas sanitarias y medioambientales europeas.
El informe en el que se basó el gobierno francés para rechazar el acuerdo de libre comercio, cerrado el año pasado tras dos décadas de negociaciones, estima que la deforestación en el Mercosur podría «acelerarse un 5% anual» debido a la superficie adicional de pastoreo que sería necesaria para cubrir el aumento de producción de carne bovina destinada a la UE (entre 2 y 4%).
Además, estima en «entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono» el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que generaría el acuerdo y pone en duda que las «ganancias económicas» compensen «los costos climáticos», informó la agencia de noticias AFP.
Macron ya se había pronunciado en contra de ese acuerdo el año pasado, en plena crisis diplomática con su par brasileño, Jair Bolsonaro, a raíz de los incendios en la Amazonia.
Además de Francia, varios países como Bélgica, Irlanda y Austria mostraron recientemente sus reticencias a seguir adelante con el acuerdo, especialmente por la deforestación en la región.
Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país figuró durante mucho tiempo como uno de sus principales impulsores, expresó por primera vez en agosto «serias dudas».
Para que entre en vigor, todos los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo.
Por ahora, el texto podría ser sometido a votación de los jefes de Estado y de gobierno en una cumbre de la UE durante el otoño boreal (21 de septiembre-21 de diciembre).
Decenas de ONG se movilizaron en las últimas semanas en Francia en contra de ese acuerdo e instaron a Macron a hacer «en Bruselas lo que afirma en París» y a construir «una alianza de Estados capaz de bloquear el acuerdo desde el momento en que sea sometido a examen» en una cumbre de la UE.
