El parlamento francés adoptó este martes una ley que prohíbe a los padres infligir castigos corporales a sus hijos, una práctica que, aunque condenada por la ONU, sigue gozando de un amplio apoyo en Francia. Con esta ley, Francia se convierte en el 56º Estado que prohíbe los castigos corporales a los niños, según una lista realizada por una ONG británica. Suecia fue el primer país europeo en adoptar esta ley en 1979, seguido por Finlandia (1983) y Noruega (1987).
La cámara baja del parlamento francés, había adoptado el año pasado en primera lectura el proyecto de ley presentado por el partido centrista MoDem y apoyado por el partido gobernante del presidente Emmanuel Macron. Los senadores lo aprobaron este martes por la noche en votación a mano alzada y por unanimidad.
El texto queda inscrito en el Código Civil, en el artículo que se lee durante los matrimonios civiles en Francia, que «la autoridad de los padres se debe ejercer sin violencia física ni psicológica».
No era la primera vez que se intentaba prohibir en Francia este tipo de castigos corporales. En 2016 se adoptó un proyecto de ley pero unos meses después fue rechazado por el Consejo Constitucional por un vicio de forma. «Ha sido muy largo, hemos perdido mucho tiempo», comentó la ex ministra socialista de Familia y actualmente senadora, Laurence Rossignol, que presentó el proyecto hace tres años.
«Estamos llegando al final del camino, es algo bueno», aplaudió también la diputada centrista Maud Petit. «Después, comenzará lo más duro» para que la ley sea aplicada, señaló en declaraciones a la AFP, aunque añadió que confía en que «la población francesa ha evolucionado mucho y utiliza ya menos la violencia educativa ordinaria».
Según la Fundación para la Infancia, el 85% de los padres franceses recurren a castigos corporales con fines «educativos». Los partidarios de la ley argumentan, basándose en estudios, que estas prácticas, entre las cuales figuran las cachetadas o nalgadas, tienen consecuencias en la salud física y mental de los niños.
La iniciativa contaba además con el apoyo de varias organizaciones a favor de la infancia y de defensores de los derechos que pedían un «mensaje político fuerte» para cambiar las mentalidades. «No se debe educar a través del miedo», declaró la ministra de Salud, Agnès Buzyn, quien estimó que los castigos corporales tienen «consecuencias desastrosas en el desarrollo de los niños».
La ley pone a Francia en consonancia con los tratados internacionales.
En marzo de 2015, la organización de derechos humanos del Consejo de Europa criticó a Francia por no prohibir estas prácticas, a diferencia de la mayoría de los demás países europeos. Un año más tarde, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió a Francia que «prohibiera explícitamente» todas las formas de castigo corporal a los niños.
