El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que en la Argentina “no hay una sola pequeña o mediana empresa (pyme) que haya cerrado por los aumentos de tarifas” de gas, electricidad y agua, que acumulan fuertes ajustes en los últimos dos años.
Según Cabrera, es un “tema cultural” pensar que el incremento de tarifas está golpeando con dureza a las pymes comerciales e industriales, y aseguró que al sector le subieron “1.200% cualquiera de los otros costos entre 2003 y 2015, y las tarifas, cero”.
“El día que les aumentan las tarifas no pueden atribuirle una crisis a este factor. Los motivos de los males son otros. Las tarifas bajas desincentivaron la eficiencia energética”, sostuvo el ministro de Producción.
Además, Cabrera confirmó que la administración de Mauricio Macri tiene previsto volver a autorizar un incremento de tarifas de electricidad para octubre, pero aclaró: “Aún no sabemos si se aplicará”.
El funcionario estuvo en Córdoba junto a Macri para participar de la denominada mesa de la industria automotriz, en el complejo autopartista Fumiscor-Famma, donde rechazó que las tarifas estén afectando a las empresas.
“Lo niego en forma terminante. No hay una sola pyme que haya cerrado por las tarifas. La energía incide entre el 3 y el 5% de los costos. El 95% está en otras cosas”, dijo el funcionario al diario La Voz del Interior.
Al defender la política tarifaria que viene implementando la administración Cambiemos, Cabrera dijo que la función del gobierno es dar “señales claras de precios y ayudar a financiar la reconversión de procesos”.
El funcionario también analizó la devaluación del 20% que experimentó el peso frente al dólar y su impacto en la actividad económica: “El tipo de cambio va a modificar el costo de los insumos. Apelamos a la responsabilidad de los empresarios para que suban sólo en la medida que les aumenten esos insumos. Igual creo que esta vez no va a ser tan así porque todos quieren cuidar el mercado”.
Simplificar trámites
Para descomprimir la situación, el mismo ministro anunció ayer una serie de medidas tendientes a simplificar los trámites que deben realizar las empresas en la Afip, en especial las pymes, con el fin de “facilitar el financiamiento” de este sector. La decisión incluye “la facilitación” de levantamiento de embargos y una nueva plataforma de planes de pagos. El objetivo es reducir el costo de cumplimiento de las empresas, pero sin resignar el control.
