El papa Francisco ratificó este viernes su lucha contra la corrupción en la Curia romana, denunció la existencia de una «casta pecadora» en la Iglesia y adelantó que continuará con sus reformas a las estructuras económicas de la Santa Sede, en un fuerte mensaje hacia dentro del Vaticano y en medio de los escándalos por supuestas irregularidades financieras de parte de un cardenal y seis funcionarios.
«No creo que pueda haber una sola persona, dentro y fuera de aquí, que se oponga a erradicar la mala planta de la corrupción», consideró el pontífice en declaraciones al sitio italiano AdnKronos.
«No hay estrategias particulares, el esquema es banal, sencillo: hay que ir adelante y no parar. Hay que dar pasos pequeños pero concretos», agregó Jorge Bergoglio.
Los dichos del Papa se dan luego de las investigaciones pedidas por el pontífice por supuestas irregularidades financieras en el Vaticano que terminaron con el proceso a seis funcionarios de la Secretaría de Estado y la destitución del cardenal Angelo Becciu de su cargo en la Congregación para las Causas de los Santos.
«No se puede seguir a Dios y al dinero. Hay que elegir», planteó el Papa, en lo que se leyó como una advertencia a los funcionarios de la Santa Sede implicados en escándalos financieros.
En esa línea, recordó que en los últimos años, pese a los avances en la transparencia vaticana, «ha habido ejemplos de deshonestidad y de traiciones que hieren a los que creen en la Iglesia».
«Estas personas ciertamente no son monjas de clausura», advirtió el Papa.
«Para llegar a los resultados de hoy partimos de una reunión hace cinco años sobre cómo actualizar el sistema judicial, luego con las primeras investigaciones tuve que quitar posiciones y resistencias, nos fuimos a indagar en finanzas, tenemos nuevos líderes en el Banco Vaticano IOR», detalló el Papa sobre el proceso de transparencia en las cuentas vaticanas que le podrían valer, el año próximo, la salida de la denominada «lista gris» del organismo europeo encargado de la lucha contra el lavado, Moneyval.
«En fin, tuve que cambiar muchas cosas y muchas cambiarán muy pronto», anticipó el Papa, que reconoció que «la Iglesia es y sigue siendo fuerte, pero el tema de la corrupción es un problema profundo, que se pierde a lo largo de los siglos».
En agosto, Francisco designó al laico español Maximino Caballero Ledo como secretario general de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, donde tendrá a cargo la coordinación del organismo que centraliza todas las instituciones económicas vaticanas, incluido el banco IOR y la inmobiliara APSA, con un patrimonio de más de 3.000 millones de euros en propiedades por todo el mundo.
Francisco creó la Secretaría para la Economía del Vaticano en febrero de 2014, menos de un año después de ser elegido, con la intención de englobar todas las operaciones financieras luego de la serie de escándalos que, durante el pontificado de su predecesor, Benedicto XVI, dieron origen al denominado Vatileaks.
En esa línea, el Papa planteó que «lamentablemente la corrupción es una historia cíclica, se repite, luego viene alguien a limpiar y ordenar, pero luego vuelve a empezar esperando que venga alguien más y ponga fin a esta degeneración».
Con dureza, en ese marco, Francisco aseguró que «la Iglesia siempre ha sido una casta meretriz, una pecadora. Digamos mejor: una parte de ella, porque la gran mayoría va en el camino correcto».
«Pero es innegable que personalidades de diversa índole y profundidad, eclesiásticos y muchos falsos laicos amigos de la Iglesia, han contribuido a disipar el patrimonio móvil e inmóvil, no del Vaticano sino de los fieles», denunció.
A mediados de octubre, Francisco ratificó que la reforma que impulsa en la Iglesia «ya está en marcha», mientras avanza con la sanción de una nueva Constitución apostólica para cambiar el organigrama de la Curia romana, según planteó en una reunión de trabajo con el grupo de seis cardenales que lo asesoran en la reforma de la Curia, conocido como C6.
El 13 de octubre terminó su actividad en el Vaticano la comisión enviada por Moneyval, el ente europeo encargado de monitorear la lucha contra el lavado de dinero en Europa, que durante 15 días revisó las medidas impulsadas por el Papa para definir si introduce a la Santa Sede dentro de la «lista blanca» de países con manejo transparente de sus organismos financieros.
En un comunicado, el Vaticano destacó el «clima constructivo y de cooperación» que tuvo la misión del organismo y adelantó que las conclusiones sobre la incorporación o no de la Santa Sede en la «lista blanca» recién estarán disponibles en la primavera europea de 2021.
En las últimas semanas, el pontífice incorporó, además, un refuerzo a la supervisión de los flujos financieros de la Santa Sede como parte de «una estrategia general destinada a hacer cada vez más transparente la gestión de las finanzas del Vaticano, en un marco de controles intensivos y coordinados», explicaron a Télam fuentes vaticanas.
