En el primer cambio formal dentro de la cuestionada curia romana, el papa Francisco decidió ayer la creación de una Secretaría de Economía del Vaticano, que tendrá bajo su ámbito todas las actividades económicas y estructuras administrativas de la Santa Sede, en un intento por controlar y mejorar la transparencia de las finanzas. Esta acción se considera un paso clave en el cambio de la institución y se realiza antes de que el pontífice cumpla un año en sus funciones.
“La reforma tiene el objetivo preciso de mejorar la utilización de los recursos, mejorando así la ayuda disponible para los varios programas, entre ellos el del trabajo con los pobres y los marginados”, se explicó en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Los cambios fueron introducidos a través de un “motu proprio” de Francisco –una especie de decreto emanado directamente por propia iniciativa del Papa– que lleva el sugestivo título “Fidelis dispensator et prudens” (“Administrador fiel y prudente”), inspirado en la cita bíblica del evangelista Lucas.
Los cambios fueron anunciados en una rueda de prensa por el vocero vaticano, Federico Lombardi, y el documento papal fue publicado en la tarde de ayer en Roma por el diario oficial L’Osservatore Romano.
“Los cambios permitirán una participación más explícita de expertos de alto nivel con experiencia en gestión financiera, planificación y presentación de informes”, según se precisó.
Con esta medida, el papa argentino Jorge Bergolio da el puntapié inicial a la reforma de la desprestigiada curia romana, tras escuchar las recomendaciones del llamado G-8, el grupo de ocho cardenales que lo asesora, así como de la comisión para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede.
Esta última comisión –integrada por 15 cardenales que estuvieron reunidos con el Papa el miércoles pasado– cesó ayer mismo en sus funciones para darle paso al nuevo consejo.
Francisco impulsa esta primera gran modificación en la Santa Sede fiel al estilo de gobierno de los jesuitas –recoger información, escuchar a todos y finalmente tomar decisiones– que viene caracterizando su pontificado, que el próximo 13 de marzo cumplirá un año.
La nueva Secretaría de Economía quedará a cargo del arzobispo de Sidney (Australia), el cardenal George Pell, que integra el G-8.
Además, Francisco decidió la creación de un consejo integrado por 15 notables –que estará compuesto por 8 prelados y 7 laicos expertos en temas económicos de varias nacionalidades para garantizar su representación universal como la de la Iglesia– que estará por encima de la nueva secretaría y que dependerá directamente del Papa.
Este consejo de notables se reunirá periódicamente para preparar o analizar informes sobre las actividades económicas de la Santa Sede y determinar las políticas y directivas, y sus decisiones serán instrumentados por la secretaría.
Entre las funciones del nuevo organismo, se encuentra la creación de un presupuesto anual para la Santa Sede y la ciudad del Vaticano, así como la “planificación financiera y actividades de recursos humanos y otros suministros”, y la presentación de un balance detallado.
En el marco de la reestructuración, se confirmó que seguirán existiendo la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, así como la Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo supervisor financiero del Estado de la Ciudad del Vaticano y que también regula el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano.
La corrupción y el desorden imperante por décadas en la administración del Estado más pequeño del mundo han sido denunciados desde los años 80, cuando quebró el entonces mayor banco de Italia, el banco Ambrosiano.
El Instituto de Obras para la Religión (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano, era el principal accionista del Ambrosiano, que protagonizó uno de los mayores escándalos en los que ha estado involucrado la jerarquía de la Iglesia.
En tanto, el IOR –que ha estado en tela de juicio por blanqueo de dinero, intrigas internas y tráfico de influencias, inclusive de carácter sexual a través del llamado “lobby gay”– no desaparecerá, como pedían algunos sectores católicos. El instituto quedará a cargo del nuevo ministerio, lo que constituye una suerte de terremoto en la gestión de las finanzas de la Iglesia.
El pontífice autorizó además la asesoría de importantes firmas privadas extranjeras, entre ellas KPMG, Ernst & Young, Promontory, McKinsey, PWC (PricewaterhouseCoopers) para facilitar la modernización de sus organismos financieros.
