Este martes se celebró la última audiencia de apelación en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el pibe de Florencio Varela detenido cerca de la terminal de ómnibus de Rosario en octubre de 2014, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Tres jueces de la Cámara Federal deberán resolver en los próximos días si los 30 policías procesados por Carlos Vera Barros van al banquillo y si 15 de ellos continuarán privados de la libertad.
Los abogados de la Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud, querellantes en representación del hijo y la hermana de Franco, solicitaron a los jueces Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará que convaliden lo actuado por el juez de primera instancia que llevará a juicio oral y público a la treintena de policías procesados (25 de la seccional 7ª y 5 en Asuntos Internos) por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte, torturas y encubrimiento agravado.
Además de denunciar un “evidente pacto de silencio” entre los uniformados, los abogados repudiaron el “ataque” ejercido por la defensa de los policías durante las cuatro últimas semanas contra Franco y su familia al plantear “teorías conspirativas” relacionadas a las víctimas.
La hipótesis tanto de la Fiscalía como de la querella es que a Franco lo detuvieron ilegalmente la noche del 6 de octubre de 2014 cerca de la estación de trenes Rosario Norte, lo trasladaron a la seccional 7ª donde lo sometieron a torturas, vejaciones y maltratos durante la madrugada hasta que perdió la vida y luego lo arrojaron al río para ocultar su muerte.
En ese sentido resaltaron que “el gran ausente de la investigación fue el fiscal Guillermo Apanowicz, en representación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe”, quien ordenó las primeras medidas 16 días después de que se denunciara la desaparición del muchacho de 20 años, según recordó en un comunicado la Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud.
En el mismo texto sostienen sus pretensiones sobre la resolución de cámara. “Que el tribunal confirme todos los procesamientos y revoque las excarcelaciones concedidas por el juez Vera Barros”.
El 6 de octubre que desapareció, Franco debía tomar un tren para volver a su casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, luego de pasar unos días en Rosario. Tras una semana de incertidumbre su familia se enteró que había pasado algunas horas detenido en la seccional 7ª, el último lugar donde lo vieron con vida. La policía dijo que le dio la libertad pero su familia no tardó en hacer la denuncia ante el fiscal Apanowicz. El 30 de octubre, cuando el reclamo de la familia había movilizado a organizaciones sociales, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná, a la altura del Parque España. Meses más tarde, el caso pasó al fuero federal y comenzó a investigarse como desaparición forzada de persona.
