El mes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario desvinculó a 13 policías por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco y procesó a otros 18, quienes quedaron a un paso del juicio oral y público. Diez de ellos apelaron por segunda vez, sin éxito, ya que esta semana el dictamen quedó más que consolidado. El tribunal dispuso que se revise la situación de solo un agente (para garantizarle la doble instancia de revisión) con lo que quedaron firmes 17 procesamientos. Los abogados de la familia del albañil asesinado celebraron la resolución que los habilita a continuar con la cadena de responsabilidades. Adelantaron que ahora pedirán la indagatoria del vecino que participó “del armado del falso procedimiento de detención”, de los gendarmes que “ocultaron las cuerdas” que tenía el muchacho cuando lo sacaron muerto del río y de los profesionales del Instituto Médico Legal por la “tildada de falsa pericia odontológica que hicieron aparecer tres años después”.
Franco desapareció el 6 de octubre de 2014 camino a la estación ferroviaria de Rosario, donde pensaba tomar un tren que lo lleve de regreso a su casa de la localidad de Florencio Varela, luego de visitar a familiares rosarinos. Según la acusación, el albañil de 20 años fue detenido ilegalmente y llevado a la seccional 7° donde “se les murió” a los policías mientras lo torturaban. Su cadáver apareció casi un mes después, el 30 de octubre, luego que su familia encabeza multitudinarias marchas junto a organizaciones sociales para reclamar su aparición, ya que fue en la comisaría la última vez que se lo vio con vida.
El caso pasó a la justicia Federal y esta semana, los camaristas Fernando Barbará, Aníbal Pineda y José Gallino confirmaron que 18 están comprometidos. Diez eran agentes de la seccional 7° y seguirán detenidos por desaparición forzada de persona seguida de muerte, delito que prevé prisión perpetua. Entre ellos figura Diego José Álvarez, quien era jefe de la comisaría, procesado además por torturas. Su chofer, Fernando Sebastián Blanco, había sido procesado por participación secundaria, pero la cámara lo agravó como coautor, por eso su caso es el único que será revisado por la Cámara de Casación (no por falta de fundamentos sino para garantizarle la doble instancia de revisión). Según la Fiscalía y la Querella, Blanco y el comisario levantaron a Casco en la estación de trenes, lo llevaron detenido a la comisaría y lo sometieron a tormentos físicos. Los otros nueve policías son Cecilia Contino, Walter Benítez, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva. Por encubrimiento irán a juicio dos agentes de Asuntos Internos Augusto Escobar y Pablo Síscaro, quienes tomaron declaración a los presos de la seccional 7° la noche que llevaron a Franco y “omitieron” los testimonios que Casco estuvo privado de la libertad y fue sometido a torturas. Por último, también serán juzgados en libertad los efectivos Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Romina Díaz, Belkis González y Walter Ortiz.
“Es un fallo importante para nosotros porque le da solidez a la situación de hecho planteada y de derecho resuelta con los procesamientos y la prisión preventiva. Lo que nos habilita el pedido que vamos a efectuar las Querellas y la Fiscalía de resolución de las situaciones pendientes”, dijo ayer el abogado Salvador Vera, para referirse a los pedidos de indagatorias de gendarmes, odontólogos y un vecino participar del armado de un falso procedimiento de detención.
