Este miércoles se realizó la última audiencia del año en el juicio que se sigue contra 19 policías santafesinos acusados de la desaparición forzada seguida de torturas y muerte de Franco Casco, el joven bonaerense que en octubre de 2014 fue detenido por efectivos de la seccional 7ª de Rosario y tres semanas después apareció flotando en el río Paraná.
Durante la jornada, familiares, abogados querellantes y organizaciones sociales realizaron una concentración en la puerta de los Tribunales federales de Rosario de bulevar Oroño 940 para volver a reclamar “memoria, verdad y justicia” y brindar una conferencia de prensa con el balance del primer año del juicio oral, que continuará en 2023 luego de la feria judicial de enero.
“Los juzga un tribunal, los condenamos todos”, dijeron desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional en un comunicado donde advierten que el camino recorrido durante más de 8 años para que se condene a los responsables de la muerte de Casco llegó a un momento crucial y se convirtió en un símbolo de lucha en materia de derechos humanos.
Entre las jornadas más trascendentes que se desarrollaron durante el primer año de juicio destacan el testimonio de la perito médica forense Virginia Creimer, en mayo, quien afirmó que Franco falleció de una muerte violenta por asfixia. Además, sostuvo que es altamente probable que lo hayan arrojado sin vida al río Paraná, lo que definió como una práctica habitual de la Policía rosarina para borrar huellas y rastros y de esa manera impedir que se pueda reconstruir lo sucedido.
En relación a las sogas encontradas en su cuerpo, Creimer afirmó que no eran de arrastre sino que por la forma en que estaban colocadas fueron puestas previamente, lo que puede indicar que le ataron un peso.
La misma forense destacó durante su testimonio en el juicio oral que la inspección realizada en la seccional 7ª dio resultados positivos de luminol en la «jaulita», como se llamaba a la pequeña celda en la que estuvo alojado Franco. Destacó que dicha prueba evidencia la existencia de sustancias biológicas que estaban esparcidas de tal manera que se correspondían con una golpiza.
Durante el juicio también declararon jóvenes que estuvieron detenidos en esa comisaría durante las mismas horas que estuvo Franco y que fueron los únicos testigos de lo sucedido al dar cuenta fehacientemente no sólo de que Casco estuvo allí sino de las vejaciones que sufrió, prácticas de tortura que declararon “habituales” en la seccional.
En el comunicado de la Multisectorial también mencionan que el juicio se desarrolla “en un contexto de acciones de hostigamiento sistemático en redes sociales y en el espacio público a los familiares de Franco y de desprestigio a las organizaciones y actores de la sociedad civil que acompañamos el pedido de justicia”.
Según aclara la organización social, “esas prácticas se inscriben en las innumerables acciones de encubrimiento y negacionismo de la propia Policía, actores políticos y judiciales desde el año 2014 en adelante”.
También mencionan la complicidad de algunos medios de comunicación locales cuyo rol fue “tergiversar o parcializar la información judicial, la prueba producida y el debate desarrollado en las distintas audiencias”.
Desde la Multisectoral advirtieron que esas acciones “no sólo desinforman y faltan al deber de comunicar de manera fidedigna y de un modo comprometido con la defensa de los derechos humanos, sino que producen sufrimiento y nuevos daños irreparables” a los familiares y amigos del joven asesinado.
Viaje sin regreso
Franco tenía 20 años y vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, junto a su pareja y su hijo pequeño. A principios de octubre de 2014 viajó a Rosario para visitar a familiares en barrio Empalme Graneros hasta el día 6, que emprendió el regreso a la estación de trenes para tomar el viaje a Retiro de las 23.30. Nunca llegó.
Su papá Ramón Casco y su mamá Elsa Godoy viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad sin darle más datos.
Luego, el fiscal provincial que investigaba el paradero, Guillermo Apanowicz, les exhibió fotos del joven visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.
Pasaron 25 días y masivas movilizaciones exigiendo su aparición con vida, hasta que el cuerpo sin vida de Franco apareció flotando en el río Paraná, el 30 de octubre de 2014.
Desde entonces, nada fue fácil para la familia de Franco en su búsqueda de justicia. Elsa (quien falleció en agosto de 2016) y Ramón se instalaron en Rosario y contaron con el apoyo de organizaciones sociales y políticas para sortear un proceso lleno de obstáculos.
En el banquillo
Entre los 19 policías que están siendo juzgados, cuatro prestaban servicios en la comisaría 7ª y están acusados por torturas: Diego José Álvarez, Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco.
Otros siete agentes serán juzgados como autores de la desaparición forzada seguida de muerte: Esteban Daniel Silva, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero y Enrique Gianola Rocha.
Dos agentes de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar serán juzgados por encubrir los delitos en su calidad de funcionarios públicos. Completan la lista de acusados los efectivos Belkis Elisabeth González, Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz, Romina Anahí Díaz y Ramón José Juárez.
Otros 12 agentes fueron sobreseídos en tanto queda pendiente la situación procesal de cuatro civiles que continúan siendo investigados. Se trata de dos odontólogos, una médica policial y un vecino de barrio Agote, por falso testimonio.
Arranca el juicio contra 19 policías por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco
