La Cámara Penal rechazó el planteo del fiscal Carlos Covani que buscaba ampliar la imputación a tres involucrados en una causa por defraudaciones reiteradas con fondos inmovilizados en cuentas judiciales. El caso se destapó en 2012 e involucró a varios actores judiciales, entre ellos dos jueces, uno jubilado y otro en actividad que fue sometido a juicio político y destituido. Este planteo, que había sido desechado en primera instancia, derivó en una denuncia penal contra la jueza Alejandra Rodenas por prevaricato. La decisión fue tomada por el vocal Alfredo Ivaldi Artacho, quien aseguró que continuar prolongando los plazos del proceso, que están largamente extendidos, es poco razonable. En cuando a las intenciones del fiscal de imputar otros hechos o participaciones, el camarista sostuvo que eventualmente existe la posibilidad de formar una nueva causa.
Un grupo de actores judiciales y un empleado bancario fueron acusados de formar una asociación ilícita con el fin de vaciar cuentas judiciales inmovilizadas. En algunos casos inventaban los casos y en otros utilizaban expedientes en trámite, a través de los cuales embargaban los depósitos y por oficios lograban retirar el efectivo de la entidad bancaria.
Según la teoría del fiscal, un empleado del Banco Municipal entregaba los datos de las cuentas que no tenían movimiento y luego se ponía en marcha el trámite judicial para destrabar ese dinero y retirarlo. La maniobra que incluyó a dos jueces y un secretario –los dos últimos actualmente destituidos–, dos abogados, un martillero y un empleado bancario identificado como Tomás M. E. se conoció en 2012 y tenía como eje los juzgados Civil y Comercial 1ª y 17ª, donde se constataron al menos 57 maniobras que exceden el millón de pesos.
En el caso los dos abogados, los letrados Jorge Heter y Luciano García Montaño, aceptaron un procedimiento abreviado por el que fueron condenados cada uno a tres años de prisión en suspenso. Éstos presentaban oficios en el banco con la rúbrica del entonces juez Alejandro Martín y su secretario Ricardo Lavaca para retirar el dinero.
El resto fue procesado y, a un paso del juicio, la fiscalía descubrió un hecho que le cambió la perspectiva. Una defraudación ocurrida el 30 de abril de 2010, cometida a través de un oficio emitido desde el Juzgado Civil y Comercial 17ª que ordenaba el pago de algo más de 10 mil pesos al martillero cuando no había tenido participación en el caso. Para Covani este hecho implica que desde un comienzo el juez y el secretario de este juzgado estaban involucrados y las maniobras y no se iniciaron en Civil 1ª como se pensaba en un primer momento.
Ante ello, en diciembre de 2015 Covani solicitó a la jueza Rodenas una serie de medidas, entre ellas la indagatoria del martillero, el juez y el secretario en este nuevo hecho y en otras maniobras por las que fueron imputados otros miembros del grupo. Este pedido fue desechado y el fiscal denunció penalmente a la magistrada al entender que emitió una resolución injusta que deja un hecho impune. Esta presentación se encuentra en trámite en el Ministerio Público de la Acusación.
La decisión fue apelada por el fiscal. El funcionario sostuvo que este hecho nuevo demuestra la participación de estas tres personas desde el inicio de las maniobras y no permitir la imputación de ellos causa un gravamen irreparable. Por lo que solicitó que se revoque la decisión de Rodenas y refundan ambas causas –es decir la que investiga las maniobras en Civil 17ª y Civil 1ª–, ya que se trata de una misma banda. Por su parte, los defensores de los implicados cuestionaron duramente el planteo del fiscal y solicitaron la confirmación de la resolución de Rodenas, lo que finalmente apoyó el vocal.
Ivaldi Artacho se basó en el transcurso del tiempo y en el vencimiento de los plazos de la instrucción para rechazar el planteo fiscal al entender que estos “deben ser razonables”, y confirmó la decisión de la jueza de instrucción. En cuanto al planteo del hecho nuevo sostuvo la posibilidad de formar una causa aparte.
Ahora la causa deberá volver a primera instancia donde el fiscal adelantó que acusará, aunque entendió que con esta decisión habrá algunos hechos que quedarán impunes. A su vez refirió que, atento lo expresado por el camarista, instará una nueva causa respecto al hecho de abril de 2010.
Por su parte el abogado Adrián Martínez, que defiende al juez Alejandro Martín, refirió que están conformes con la resolución tomada por el juez.
