En el marco de la causa que se investiga presunto caso de estafa con depósitos judiciales en el Banco Municipal por parte del suspendido juez Alejandro Pedro Martín y su ex secretario Ricardo Lavaca, junto a varios profesionales, el resultado de la pericial caligráfica que se hizo sobre las firmas de ambos dio positivo. También se corroboró que el sello que se utilizó en los oficios para librar órdenes de pago corresponde al del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, del que Martín era titular hasta que fue suspendido provisionalmente por la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado.
El fiscal Carlos Covani había pedido realizar una pericia caligráfica para determinar si las firmas que aparecían en oficios judiciales que libraban órdenes de pago para destrabar depósitos judiciales eran las de Martín y Lavaca. Los estudios confirmaron que, efectivamente, pertenecen a ambos y que, además, el sello que acompañaba las rúbricas también es oficial. De esta manera, la situación judicial de los ahora suspendidos funcionarios judiciales se complica un poco más.
En tanto, desde el Juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo de Mónica Lamperti, y desde la Fiscalía Nº 3, de Covani, que llevan adelante la investigación, se pidió que se oficie a 23 juzgados para que brinden detalles acerca de 224 órdenes de pago que se emitieron desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 por alrededor de 800 mil pesos en total. Quieren determinar si en estas maniobras existen irregularidades similares a las detectadas en el escándalo del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, ya que hay un denominador común que levantó sospechas: en ambos aparecen mencionados el martillero Oscar Kovalevski y el abogado Luciano García Montaño como parte de la entramada red que supuestamente se dedicaba a cobrar dinero que se encontraba “congelado” por disposición judicial en el Banco Municipal.
El juez Martín, al igual que su secretario Lavaca, se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones desde fines de noviembre pasado, acusado de asociación ilícita, estafas reiteradas, defraudación y falsedad ideológica, entre otros delitos, por apropiación de dinero judicial.
El monto de las primeras maniobras investigadas ascendía en un principio a un millón de pesos, pero se sospecha que va a ser mucho mayor.
La investigación del fiscal Covani corroboró que se dictaron 56 medidas desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 17 que por distintas vías permitió retirar esos fondos que estaban a resguardo del Banco Municipal. Las maniobras, denunciadas por la propia entidad financiera, comenzaron a detectarse a mediados de 2010, en la misma época en que se inició la transferencia de depósitos judiciales del Nuevo Banco de Santa Fe al Municipal. El movimiento de dinero continuó hasta septiembre pasado.
Cuando la Justicia tomó conocimiento de las irregularidades, algunos de los investigados devolvieron 548 mil pesos a las cuentas que habían sido vaciadas.
