Por la paralización de las obras del acueducto Desvío Arijón, 160 obreros fueron suspendidos sin goce de sueldo por 20 días y corren riesgo sus puestos de trabajo. La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) realizó una manifestación este martes frente a Casa de Gobierno para reclamar que se reactiven las obras.
Entre las tres empresas contratistas (Tecsa SA, Panedile SA y Eleprint SA) reclaman 380 millones de pesos al gobierno de Miguel Lifschitz. Las tareas fueron frenadas por falta de pagos en la certificación de obras, lo que generó la suspensión de los obreros hasta el 10 de diciembre, fecha en que finaliza la actual gestión. A partir de entonces, será un problema que deberá resolver el gobernador entrante Omar Perotti.
Delegados y trabajadores de la Uocra marcharon este martes hacia Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno, para reclamar una solución inmediata a un conflicto que viene de arrastre, ya que la provincia adeuda los certificados de obras desde el mes de julio.
El jueves 14, en una audiencia que se realizó en la sede santafesina de la Secretaría de Trabajo de la Nación, las empresas a cargo de la construcción de los tramos 2 y 3 del acueducto Desvío Arijón anunciaron la paralización de las obras y la suspensión de los 160 operarios. En esa audiencia no hubo representantes del gobierno provincial, por lo cual la Uocra decidió movilizarse a la Casa Gris en busca de respuestas.
También en ese encuentro las autoridades de la Secretaría de Trabajo resolvieron dictar la conciliación obligatoria, una medida que no convence a los trabajadores. Según el delegado de la Uocra Gastón Pizzini, “no es una solución definitiva, tenemos el temor de que la empresa no acate la conciliación y siga estirando esto”.
Pizzini planteó que tiene que haber una respuesta política de parte del gobierno: “Estamos aguardando una respuesta porque esto es una decisión política. Si el Ministerio de Economía no puede financiar la obra, nosotros pedimos al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria”.
Según el delegado gremial, las empresas a cargo de los trabajos “han hecho incontables obras de grandes dimensiones en la provincia y, por más que tengan uno o dos certificados atrasados, pueden soportar esto aunque sea hasta el 10 de diciembre”.
Despidos masivos
Otro delegado de la Uocra, Juan Pablo Lucca, dijo durante la marcha que “de no tener respuesta de parte del gobierno, la empresa va a hacer las desvinculaciones de todo el personal”.
“El cambio de gobierno –siguió Lucca– no debería ser un problema ya que se supone que hay un crédito del exterior que está financiando la obra. Sin embargo los pagos desde mitad de año no aparecen. La empresa jamás se atrasó con los sueldos, pero ahora dicen que ya nos les da más la espalda para seguir sosteniendo la obra”.
En ese concepto coincidió Pizzini: “La provincia usa la transición como escudo, pero la transición es política y no tiene por qué pagarla la parte más vulnerable de la sociedad”.
Contexto negro
La paralización del acueducto Desvío Arijón (una obra proyectado en 2011 y diseñada para un horizonte de 30 años, que abastecerá en 2041 a 540 mil habitantes de 91 localidades) se inscribe en un contexto sombrío para el sector de la construcción.
Desde 2017, se perdieron 40 mil puestos de trabajo en la construcción a nivel nacional y alrededor de 3000 en la provincia de Santa Fe. Por eso, ante la paralización casi completa de la obra pública, la Cámara Argentina de la Construcción y la Uocra han planteado en conjunto la necesidad de que se declare la emergencia en el sector.
La semana pasada, en una reunión realizada en Santa Fe, empresarios de la construcción hicieron hincapié en la decisión del gobernador Lifschitz de desacelerar el ritmo de la obra pública en la provincia. “La obra pública fue el puntal de la gestión de Lifschitz. Ahora disminuyeron la cantidad y el ritmo de obra. El gobierno provincial venía cumpliendo con los pagos; nos preocupa la paralización de las obras”, añadió Franzoni.
El propio Lifschitz había admitido la semana pasada que tomó la decisión de frenar la obra pública en el marco de la transición provincial, a pedido de su sucesor Omar Perotti: “Les hemos pedido a las empresas que bajen el ritmo de obra para tratar de producir el menor impacto posible sobre el ejercicio del año que viene”.
Eso impactó en el nivel de empleo a nivel provincial en el sector, que casi no se había resentido en 2017 y 2018 por la decisión del gobierno de sostener la obra pública a contrapelo de lo dispuesto por el gobierno nacional. En los últimos seis meses, explicaron desde la Cámara de la Construcción, se perdieron 2600 puestos de trabajo en Santa Fe y totalizan 3000 contando los últimos dos años.
