José Eduardo “Cepillo” Fernández fue asesinado en Fuerte Apache en diciembre de 2015. La investigación quedó en manos de Rafael Coria, pero el funcionario concursó para juez y dejó su cargo de fiscal. Antes de irse presentó la acusación y dejó el caso a un paso del juicio oral con la teoría cerrada. En su escrito pidió 18 años de cárcel para un muchacho al que acusó de conducir la moto que llevó al tirador que permanece prófugo. La causa la heredó el fiscal Ademar Bianchini, que se hizo cargo del juicio. La estrategia, en la que no pudo introducir modificaciones, contaba con 8 testigos que describían la mecánica del hecho, pero sólo uno fue encontrado, aunque después desapareció. Tampoco se presentaron al juicio familiares de la víctima. Esta situación hizo tambalear el debate, pues el fiscal decidió retirar la acusación por homicidio y, junto a la defensora, presentaron un procedimiento abreviado por una tenencia de arma de guerra que encontraron en la casa del acusado cuando allanaron la propiedad. Pidieron 2 años de cárcel, condena que se sumaría a una anterior por robo calificado. Solicitaron la unificación de ambas penas en 9 años de cárcel. El tribunal que presidió el debate dispuso un cuarto intermedio hasta el 10 de octubre para resolver.
A José Eduardo “Cepillo” Fernández lo mataron a tiros el 5 de diciembre de 2015 en la puerta de un quiosco en Margis al 5100. El tirador se bajó de una moto que lo esperó unos metros más adelante, tenía un arma en cada mano y no dudó en arremeter a tiros contra Cepillo, el marido de Doris. Los nietos de esta mujer son conocidos de los investigadores y están bajo la mira por una disputa territorial con otros grupos.
De los dos autores la Fiscalía ubicó a uno y lo llevó a juicio. El tirador sigue prófugo. Pero la investigación final la inició y tramitó un funcionario que concursó para juez y dejó el cargo. La causa quedó en manos de Ademar Bianchini con una estrategia fiscal plasmada en la acusación y con una audiencia previa al juicio que ya se había llevado adelante. En ella había varios testigos, ocho de los cuales tenían relación con la mecánica del hecho, pero uno era fundamental para la teoría fiscal y era la ex mujer de la víctima. Cuando notificaron la obligación de asistencia al juicio no encontraron a nadie, en el barrio no brindaron datos de estas personas. La brigada que se ocupó del tema solo encontró a una testigo que tras la notificación se esfumó.
Esta situación desvirtuó el debate y el fiscal optó por retirar la acusación por homicidio y negociar con la defensora Patricia Guzmán la situación de Leandro Robledo. Cuando allanaron su casa en diciembre de 2015 encontraron sobre el ropero de su habitación un arma calibre 9 milímetros, una caja con municiones del mismo calibre con punta azul y otras en una bolsa. Por este hecho acordaron una condena de 2 años de prisión efectiva por tenencia de arma de guerra, sanción que pidieron se unifique con una condena previa de Robledo a 7 años por robo calificado, tenencia de arma en calidad de coautor y tenencia.
Gustavo Pérez de Urrechu, Rodolfo Zvala y Román Lanzón, que presidieron el debate del juicio que arrancó el jueves, hicieron preguntas sobre la situación y consultaron a Robledo sobre el conocimiento que tenía sobre este pedido y lo que implicaba. Luego decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 10 de octubre cuando darán a conocer si aceptan el planteo.
