Un tribunal en lo contencioso-administrativo ordenó al Estado provincial que restituya en la función pública a un funcionario que fue condenado por encubrimiento agravado, en juicio abreviado, a 2 años y 8 meses de prisión. Se trata de Martín Romano, de 31 años, quien al ser detenido tras el asalto a una panadería en 2013 era director de Control y Asistencia Post Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El fallo de Cámara ordena que el convicto sea repuesto en funciones adecuadas a su estado de salud, ya que alegó problemas de adicciones. Los camaristas sostuvieron que hubo vicios en el procedimiento administrativo que derivó en su cesantía. Por su parte, el gobierno anunció que presentará un recurso de aclaratoria y cuestionó duro el fallo. “Yerro jurídico inaudito”, lo definió el fiscal de Estado, Pablo Saccone. En tanto, el ministro de Justicia, Juan Lewis, sostuvo en declaraciones radiales: “Nos parece que es de manual un caso en el que él debía ser cesanteado, por la comisión de un delito doloso que tiene que ver con el decoro de su función. Imagino que a los camaristas les debe costar explicar una situación de esta naturaleza”, sobre todo teniendo en cuenta que era “el director general de planta de la repartición estatal que se ocupa de los (presos) liberados”.
El golpe ocurrió el 1º de febrero de 2013, cuando dos asaltantes robaron una panadería en 9 de Julio y Santiago del Estero. Romano y su acompañante, Gabriel Galván, fueron detenidos instantes después en Suipacha y San Jerónimo; iban en un Renault Sandero y les incautaron dinero y una pistola 7.65. Tras allanamientos a su casa y su oficina, fueron secuestradas 15 planillas con su firma y en blanco con declaraciones juradas sobre libertades de detenidos, tal la función que desempeñaba desde la gestión Obeid. Romano alegó que llevaba dos días sin dormir, tomando droga, ante la acusación, que se transformó en procesamiento en julio de 2013, como partícipe de robo calificado y falsedad ideológica. El año pasado, acordó una pena de 2 años y 8 por encubrimiento agraviado meses de ejecución condicional, al reconocer su participación en el hecho.
En forma paralela, el Ministerio de Justicia abrió un sumario administrativo que realizó la Fiscalía de Estado y dispuso la suspensión de Romano. Al dictaminar la Fiscalía que correspondía la cesantía, el ministro de Justicia firmó la orden, el año pasado.
Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el voto de Alfredo Gabriel Palacios, Luis Alberto de Mattia y Federico José Lisa, suspendió los efectos del decreto, al hacer lugar a una medida cautelar, y ordenó al Estado reincorporarlo: “Se le asignarán las funciones que –respetándose la situación de revista– la administración estime adecuadas a su estado de salud y demás circunstancias de la causa”. Estimó el tribunal que habían sido violentados el debido proceso y la defensa en juicio. El Ejecutivo, por su parte, aseguró haber cumplido los pasos administrativos y dijo que no fue cesanteado por su adicción a las drogas, sino “por ser autor penalmente responsable de un delito doloso”.
