La Cámara Federal de Rosario ordenó que la Justicia provincial se inhiba de seguir interviniendo en las investigaciones de un homicidio y una extorsión adjudicadas al llamado clan Gallardo y continúen en el fuero federal, por su vinculación con el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Frontera, limítrofe con la provincia de Córdoba. La sala A de ese tribunal hizo lugar a la postura del fiscal general Claudio Palacín, en el marco de una causa en la que tienen intervención el fiscal interino Federico Grimm y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.
En su fallo, los camaristas Aníbal Pineda y Fernando Lorenzo Barbará recordaron que la sala A debía resolver en virtud del recurso de apelación interpuesto en diciembre pasado por la Fiscalía Federal de Rafaela, contra la decisión del Juzgado Federal de esa ciudad que no hizo lugar a los planteos de inhibitoria postulados tres meses antes. A su turno, la Fiscalía General mantuvo el recurso respecto de dos legajos y desistió de un tercero.
Los fiscales federales habían sostenido en ambas presentaciones que los expedientes en cuestión –que tramitan ante los fueros locales de Rafaela y San Francisco (Córdoba), cuyos límites están marcados por una avenida– “tienen como objeto procesal la investigación de hechos delictivos cuyo móvil responde al control del comercio de estupefacientes por parte de los integrantes de la banda narcocriminal llamada clan Gallardo”, en referencia a Héctor Argentino Gallardo, condenado en diciembre pasado en Córdoba a 14 años de cárcel por narcotráfico.
La primera pesquisa versa sobre el homicidio de Luis Mariano Peralta y se estima que guarda estrecha relación con la organización narcocriminal, “no sólo porque están involucrados en su ejecución los más destacados miembros del clan Gallardo, sino también porque su acaecimiento resulta ser la consecuencia directa de las actividades de narcotráfico que llevan adelante en la zona”.
Peralta, de 40 años, fue ultimado a tiros el 12 de abril de 2017 en Frontera, departamento Castellanos; algunos días antes había sido baleado un allegado a la víctima fatal. Para la Justicia, los atacantes fueron un hermano de Gallardo, apodado Rana y quien vive justo enfrente de donde fue asesinado Peralta, además de su sobrino, Orlando G., alias Tuli, y un tal Chino, identificado como Ezequiel C. Los dos últimos fueron detenidos en junio pasado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
En cuanto a la segunda causa, se originó a raíz de una denuncia por extorsión como consecuencia de un presunto robo de estupefacientes que la banda habría sufrido en un galpón destinado al acopio de alcaloides.
“Los nuevos ordenamientos procesales penales, que adoptan el modelo acusatorio, atribuyen al Ministerio Público Fiscal la dirección de la investigación de los hechos punibles y la promoción de la acción penal pública contra sus autores y partícipes. Que los fiscales se hagan cargo de la investigación cambia uno de los ejes sobre los que gira actualmente el sistema de justicia penal y modifica de manera sustancial la actividad del Ministerio Fiscal y también la de otros actores del proceso”, subrayó el camarista Pineda.
El juez indicó que los hechos “que se investigan ante la justicia local, prima facie, calificados como homicidio y extorsión según lo sostiene el fiscal, habrían sido cometidos por la organización criminal investigada por esta magistratura federal en la causa principal a la que accede este pedido de inhibitoria, en pos de asegurarse el control del comercio de drogas en su zona de influencia”. En el expediente que tramita en el fuero de excepción están imputadas diversas personas, por lo que coincidió con el Ministerio Público Fiscal (MPF) en que los hechos deben ser investigados de forma conjunta por su “estrecha e inequívoca vinculación entre el objeto procesal en trámite ante el fuero de excepción y aquél que resulta objeto de investigación en la provincia”.
El fallo resalta que “no se trata de convertir a los tribunales federales en fuero de atracción de cualquier delito común que pudiera ser conexo a uno federal, sino de aquellos que se encuentren más íntimamente ligados, tanto sea para mantener como para asegurar la actividad ilícita principal (narcotráfico)”. En ese sentido, destaca que “debe repararse en la conveniencia de una investigación y juzgamiento conjunto de los diversos hechos” para “asegurar un análisis integral de los elementos de juicio, aventando el riesgo de pronunciamientos contradictorios”.
“Atento que es la fiscalía quien tiene a su cargo (por mandato constitucional y legal) el diseño de las políticas de persecución penal, y que tanto el fiscal de instrucción como el fiscal a cargo de la fiscalía especial creada al efecto específico de perseguir e investigar el narcotráfico, son quienes entienden que en el caso concreto es beneficioso para una mejor investigación la tramitación conjunta de todas estas causas, corresponde hacer lugar al recurso, ya que en estos supuestos el juez debe limitarse a valorar si se violan o no garantías constitucionales de los imputados” concluyó el magistrado Pineda, cuyos fundamentos compartió su colega Barbará. De esa forma, revocaron el fallo de instrucción y dispusieron hacer lugar a la inhibitoria de la justicia provincial formulada por el MPF.
Frontera narco
La ciudad de Frontera, que limita por una calle con la cordobesa San Francisco, tiene 12 mil habitantes y se convirtió en los últimos años en uno de los lugares con mayor influencia de narcocriminalidad del país. La venta de drogas se incrementó a la par de los asesinatos. La ciudad llegó a los medios nacionales en diciembre de 2013, cuando cayó Héctor Argentino Gallardo, alias Patrón, acusado de liderar una red internacional, conectada con actores del narcotráfico colombiano, con sede en San Francisco (Córdoba) y Frontera, pero que también operaba en otras provincias como Misiones. Había sido encausado por la Justicia federal cordobesa también por tentativa de homicidio y se lo investiga por lavado, porque se cree que compraba autos, campos y cereales para blanquear los activos.
En diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a Gallardo a 14 años de cárcel al encontrarlo culpable de “organización del transporte y comercialización de estupefacientes”. En tanto, fue absuelto del delito de “tentativa de homicidio”.
A fines de enero pasado, un penitenciario de San Francisco, su esposa empleada municipal y un preso que estaba a su cargo quedaron acusados de liderar una banda narco: junto con otras cinco personas se dedicaban a la venta minorista de marihuana en el límite interprovincial. Los ocho fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) mediterránea. Los uniformados secuestraron 80 kilos de marihuana –valuados en 5 millones de pesos– en nueve allanamientos en las ciudades cordobesas de San Francisco, Tránsito, Arroyito y en Frontera. El dato que trascendió fue que el Patrón había pedido cumplir la pena en la “Unidad Penitenciaria Nº 7” –donde trabaja el narcoguardiacárcel– para poder “estar cerca de su familia”.
