La inseguridad sigue como el tema más convocante a la hora de evaluar las preocupaciones sociales. Muestra de ello fue la reunión constitutiva del Consejo Asesor de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal. Si bien el presidente de la misma, Osvaldo Miatello, remarcó que lo que allí se decide no es vinculante y dejó en claro cuál es la incumbencia del órgano legislativo local; es decir el accionar de la Guardia Urbana Municipal, la iluminación, la escamonda y la apertura de calles, todos los temas que ONGs, vecinalistas y ediles quisieron debatir tuvieron un espacio, y muchos de ellos compararon la situación que se vive con algunas localidades de Latinoamérica para reclamar mayor presencia del Estado. Igual, Miatello aclaró que los temas debatidos serán parte de una agenda que se trasladará al gobierno provincial.
Desde el temor a que Rosario se transforme en la mexicana Ciudad Juárez a la denuncia por el incremento de la violencia generada por el narcotráfico y el aumento de los quioscos de droga, pasando por pedidos para que el poder político asuma su rol, fueron algunas de las muchas expresiones que en la noche del miércoles se escucharon en el marco de la reunión constitutiva del Consejo Asesor de la comisión de Seguridad.
El salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo quedó chico. Participaron una decena de concejales, varios ex ediles, representantes de universidades y colegios profesionales, junto a vecinalistas e integrantes de ONGs que nacieron en los últimos años al compás de los reclamos por seguridad. En el inicio de la reunión, el titular de la comisión, Osvaldo Miatello, del bloque Encuentro por Rosario-Partido Justicialista (PJ), remarcó que se trataba de una comisión asesora y que lo que allí se decidiera no era “vinculante”, aunque sí precisó que la intención era armar una agenda con los temas que se expusieran.
Mencionó ejemplos de cuestiones en las que de manera directa el Concejo tiene incumbencia, tales como la actuación de la Guardia Urbana Municipal (GUM) –cuyo director, Gustavo Franco, participó de la reunión–, apertura de calles o iluminación.
La socialista Clara García le agregó la intervención desde el ámbito municipal en los controles a desarmaderos y motos, temas íntimamente ligados con la seguridad.
El vicepresidente de la comisión, Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico (PSA)-Proyecto Sur, mencionó la posibilidad de los ediles de realizar gestiones o promover debates y como ejemplo recordó cuando en ocasión de una serie de robos de cables telefónicos el Concejo fue sede de una reunión para analizar la cuestión.
A su turno, Rodrigo López Molina, de Unión PRO Federal, consideró que debía compatibilizarse la tarea de la comisión de Seguridad con la del flamante Consejo Asesor y puso como ejemplo el funcionamiento de la comisión de Ecología que desde su origen cuenta con su consejo asesor.
Pero fueron los vecinos los que le pusieron el condimento a la reunión. Probablemente el más duro fue un ex edil, Osvaldo Ortolani, quien preside la vecinal Empalme Graneros: marcó un símil con Centroamérica y advirtió en cada ocasión, con mucha ironía, que hacía referencia a esa zona del continente pero en clara alusión a la ciudad. Sostuvo que “cuando el Estado abandona los lugares, cuando falla, aparecen las mafias, los maras –pandillas centroamericanas–, los carteles”. Reclamó que “falta un lugar para internar a los adictos, no hay lugar de contención para los chicos asesinos” y sobre los recientemente habilitados buzones de la vida indicó: “Muy linda idea, pero ahora son buchones de la vida”.
Hizo referencia a los desarmaderos y más adelante se refirió a los corredores seguros para sostener: “El Estado le está diciendo a los que no viven sobre esos lugares: jodete, a mí no me importa tu seguridad”. Y agregó: “No hay ajustes de cuentas, son sicarios que dirimen cuestiones de poder”, tras lo que lanzó la ironía: “Pido a la intendenta (Mónica Fein)que intervenga porque dentro de poco nos convertiremos en Ciudad Juárez”.
Otro ex edil, Fernando Rosúa, quien representó a los equipos que trabajan en el tema en la Fundación Igualar, marcó la “proliferación de los quioscos de venta de drogas” y consideró que “el Estado no termina de encontrar una política correcta”.
Como ejemplo puso el reciente incendio por parte de los vecinos de “un quiosco de drogas en barrio Ludueña” y aseveró “es un tema central para cambiar”.
Sobre el tema de la Justicia federal el edil Gonzalo del Cerro, del bloque Convicción Radical Arturo Illia, recordó que el año anterior al asistir funcionarios de dicho estamento judicial al Concejo recordaron que “desde 1974-75 no se aumenta la Justicia federal en Rosario”.
La coordinadora ejecutiva del Foro Regional Rosario –que integran diversas organizaciones y fundaciones–, Selva Raggio planteó otra visión del tema, al encarar la cuestión de los asentamientos. Pidió por la “urbanización” de los mismos, recordó que “se urbanizó un poco La Lata” y mencionó tareas en villa Banana y Las Flores, para sostener que se registra “un crecimiento exponencial”. Salvador Lupo, de Ciudadanos en Alerta, consideró que “el 911 no funciona”. Y ejemplificó que cuando se llama a un patrullero tarda 30 minutos mientras que los asaltos toman entre 40 segundos y un minuto. Sobre las cámaras de videovigilancia estimó que “son pocas y no tienen soporte policial”. Respecto de la necesidad de prevención coincidió el ex edil socialista Edgardo Falcón, quien propuso la creación del Consejo Asesor. Planteó la problemática de “tres generaciones, abuelo, padre e hijo”, que han tenido como forma de vida la delincuencia. Reclamó a su vez mayor intervención de los ahora en proceso de reconversión Centros Crecer.
El titular de la Vecinal Belgrano Oeste, Hugo Gargarella, expresó “desánimo” dado que planteó que hace algún tiempo habían mantenido una reunión con funcionarios provinciales y “habíamos pedido un centro para la recuperación de drogadictos, pero no tuvimos respuesta”.
La experiencia en cuanto a organización de los vecinos de barrio Parque la contó el ex juez y ex secretario de Gobierno municipal Jorge Eldo Juárez, de Vecinos de Barrio Parque en Alerta. Narró que durante un año participaron de las reuniones del Presupuesto Participativo para lograr un destacamento policial que finalmente fue instalado en el predio del Hipódromo, sobre el acceso por Ovidio Lagos. Precisó que la remodelación de la cabina y la ejecución de un baño costó 17.000 pesos y que fueron asignados 15 efectivos, aunque sostuvo que en la realidad fueron 10.
