Una fuerte protesta se desarrolló el miércoles pasado en Casilda en defensa de la salud pública y para exigir al gobierno provincial que garantice la continuidad laboral de 16 trabajadores que prestan servicio en el Hospital San Carlos y otros centros de salud de la ciudad cabecera del departamento Caseros.
El personal afectado viene cumpliendo funciones a través de contratos que la institución hospitalaria casildense afrontó con recursos propios hasta que fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la provincia y ya no tiene margen para mantenerlos en pie.
Ante esta situación, la delegación casildense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) reclaman al Estado santafesino que absorba los contratos para evitar las pérdidas de trabajo, algo que hasta ahora no tuvo respuesta.
El pedido es acompañado por la dirección del hospital y las autoridades políticas locales que iniciaron gestiones que aún tampoco tuvieron éxito.
“Las medidas se están profundizando porque no tenemos respuesta por parte de los ministerios de Salud y de Economía para que la provincia absorba los contratos que venía afrontando el hospital y el Tribunal de Cuentas lo observó y no lo puede seguir realizando”, explicó el referente de ATE Casilda, Emiliano Scopetta.
Comentarios