Más de 200 efectivos y 10 vehículos de la Policía de Santa Fe cumplieron en la madrugada de este viernes con una orden judicial de desalojo por la fuerza del piquete que mantenían las y los trabajadores de Algodonera Avellaneda, la planta ubicado en el Parque Industrial de Reconquista que es parte del conglomerado Vicentin. Llevan más de dos meses de conflicto por deudas salariales: les pagan sólo la parte del sueldo que aporta el Ejecutivo nacional, y les ofrecen canje por productos de otras firmas del consorcio, a la manera de los pagos en especie de La Forestal en el siglo pasado.
La lucha de los trabajadores textiles de Algodonera Avellaneda cumplió dos meses el pasado 12 de agosto, cuando fueron al paro para reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. El salario de un trabajador textil es de 100 pesos la hora más 10 por año de antigüedad, lo que suma entre 20 y 25 mil pesos al mes, señalaron desde el sector en conflicto.
Varios empleados decidieron mudar su representación sindical, hacia la de los Aceiteros, que tomaron la posta de los reclamos. La empresa desconoció el cambio y rechazó reiteradamente los reclamos laborales, como un bono por productividad, que están contenidos en un pliego de 21 puntos puesto sobre la mesa en las audiencias de conciliación que la controladora Vicentin desmantela con su ausencia y desaire al Ministerio de Trabajo de Sant Fe.
Repudio al desalojo de los trabajadores de Algodonera Avellaneda https://t.co/XtR54Yt7iY Solidaridad con la Huelga por #SalarioDigno en la #AlgodoneraAvellaneda del Grupo #Vicentin pic.twitter.com/q7JnvG1Hxb
— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) August 28, 2020
Legisladores emitieron inmediato rechazo
La orden de desalojo fue emitida por el juez Santiago Banegas a pedido del fiscal Alejandro Héctor Rodríguez ante una presentación de Vicentin, que adujo una acción ilegal de bloqueo a la planta de Reconquista y reiteró su defensa del encuadre gremial de sus trabajadores en el sector textil, en cuyas paritarias se negocian salarios sensiblemente inferiores a los del sector aceitero.
No se hizo esperar la reacción de un grupo de legisladores, que difundieron su rechazo a una intervención policial desmesurada y al posicionamiento de la Justicia. “Integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe rechazamos la medida e instamos a retomar el diálogo con las personas afectadas por la intransigencia de una patronal que jamás quiso solucionar el problema. Es imprescindible ubicar el conflicto como lo que es: laboral, no penal», dice el escrito.
«También pedimos que todos los actores institucionales hagamos los necesarios esfuerzos para garantizar el derecho a la protesta y exigirle al Ministerio de Trabajo que utilice todas las herramientas legales con las que dispone para que la empresa, los sindicatos y las trabajadoras y los trabajadores recuperen la ya mencionada paz social en Reconquista y Avellaneda», sigue el texto firmado por Lucila De Ponti, Lionella Cattalini, María Laura Corgniali, Paola Bravo, Silvana Di Stefano, Sergio Basile, Ariel Bermúdez, Palo Oliver, Carlos del Frade y Betina Florito.
Los legisladores destacan su sorpresa: «Llama la atención que integrantes del Poder Judicial hayan modificado su manera de comprender el conflicto. Rechazamos cualquier intento de violencia institucional y pedimos, urgentemente, retomar el diálogo en Algodonera Avellaneda”.
Repudio gremial
Escala el conflicto en Algodonera Avellaneda, parte del grupo Vicentin que paga como La Forestal
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso también explicitó públicamente su oposición a un procedimiento policial como salida a un conflicto gremial.
«Los funcionarios del Poder Judicial ceden al propósito repetidamente clamado por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda. Poco le importó a los funcionarios policiales locales la respuesta del Ministro de Seguridad de Santa Fe (Marcelo Sain) el pasado viernes 21 al juez Banegas esgrimiendo el respeto al derecho a huelga y la condición de servicio a la comunidad que impide la actuación para la vigilancia privada permanente, como pretende este grupo empresarial», señala un comunicado de la entidad.
