«Uno sabe que este trabajo trae sus riegos aunque no caés en la cuenta hasta que no pasa algo como esto». Esas palabras circunscriben el pensamiento de muchos de los funcionarios judiciales que este miércoles repudiaron enérgicamente el ataque a tiros a dos propiedades que habitó el juez Ismael Manfrín. Esta mañana se activaron protocolos de seguridad dentro del edificio de Tribunales además de los que ya se habían dispuesto para los funcionarios que tuvieron intervención en el llamado juicio a la banda de Los Monos. Pasado el mediodía una conferencia convocada por el Colegio de Magistrados reclamó a las autoridades competentes para que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir.
Pasadas las 21 del martes dos ataques a tiros tuvieron lugar en la ciudad. El punto en común es que en ambos domicilios vivió el juez Ismael Manfrín. Un funcionario que viene de carrera judicial, reconocido por propios y ajenos como un solvente magistrado que timoneó la presidencia del primer juicio oral que se hizo en el Centro de Justicia Penal con un alto impacto mediático donde 25 personas –civiles y policías– fueron enjuiciadas. El debate duró varios meses, donde Manfrín supo llevar adelante un juicio con continuas batallas jurídicas entre las partes que desplegaron toda su artillería.
El juicio terminó en condena para el grupo duro de la banda cuyos cabecillas enfrentaron altas penas. Uno de ellos es Ariel Máximo Guille Cantero (22 años de prisión) y el sindicado lugarteniente Jorge Chamorro (12 años de prisión). Estos últimos enfrentan una causa en la Justicia federal por infracción a la ley de estupefacientes que los tiene procesados. El jueves pasado, la Justicia federal, a pedido del Servicio Penitenciario provincial, ordenó el traslado a una cárcel de esa jurisdicción.
Los defensores presentaron un habeas corpus ante Manfrín que fue girado al nuevo sistema penal y el viernes, el juez José Luis Suárez presidió la audiencia. El magistrado desechó la acción por tratarse de una disposición de un juez de otra competencia y fijó un plazo de 5 días para hacer la presentación ante quien corresponda. La defensa planteo un recurso de reposición en la Justicia Federal pero el martes ese planteo fue rechazado. Algunas horas después se produjo la balacera ubicada en Italia al 2100, cuando una moto con dos ocupantes pasaron y dispararon contra el frente de la casa que hasta hace unos dos meses ocupó el magistrado y su familia. Con unos 20 minutos de diferencia otra balacera tuvo lugar en un edificio de Sarmiento y Montevideo, esta vez, todo hace presumir que los disparos partieron de un auto. Allí el juez vivió hace unos 14 años.
Manfrín se enteró de lo que pasaba en su antiguo barrio por el llamado de una vecina que lo alertó. A partir de allí los teléfonos celulares de los miembros del Poder Judicial ardieron. Este mediodía el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe llamó a conferencia de prensa. La voz cantante la tuvo el camarista Gustavo Salvador en su calidad de presidente. Estuvo escoltado por el resto de los miembros del consejo directivo, también acompañaron dos ministros de la Corte Suprema de Justicia: María Angélica Gastaldi y Mario Netri. La intendenta Mónica Fein y el Ministro de Justicia Ricardo Silbertein fueron de la partida.
La conferencia
Respaldo y solidaridad fueron las dos palabras que citó Salvador, no sólo para Manfrín sino para la familia que hoy habita la casa de calle Italia y comía cuando los sorprendieron las balas. “Lo consideramos un tema de gravedad institucional, una afrenta a la administración de justicia”, dijo.
Ninguna de las fuentes hablaron de una amenaza preexistente al funcionario. Salvador dijo que no tuvieron conocimiento de una situación de intimidación y amedrentamiento previo, lo mismo informaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Mientras, Manfrín aseguró que el juez está preocupado, sensibilizado por la situación. Conteniendo a su familia y confiando en que el hecho sea rápidamente esclarecido.
Salvador dijo que están en contacto permanente con otros poderes del Estado. Además de esclarecer el hecho resaltó el reclamo a las autoridades competentes para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
En cuanto a la seguridad de los funcionarios explicó que existe un protocolo de protección de testigos que el Ministerio de Seguridad implementó y, a través de una gestión del Colegio de Magistrados, en su momento se logró extender a todos aquellos magistrados y funcionarios que lo crean oportuno por la situación coyuntural que atraviesan en el marco de algún proceso y cuando crean conveniente algún tipo de custodia, someterse al protocolo de protección.
Tanto el juez Manfrín como la jueza María Isabel Más Varela estuvieron en distintos momento en Tribunales. Donde además estuvieron presentes autoridades de la TOE para coordinar cuestiones de seguridad. «Está preocupado, sensibilizado por la situación, conteniendo a su familia y confía que sea rápidamente esclarecido», dijo Salvador en referencia a Manfrín.
«Está bajo un régimen de protección», expresó Salvador, a lo que sumó que tiene entendido que se va a llevar a cabo una nueva reunión de la junta de seguridad provincial donde se van a abordar estos temas. “De ahí tienen que salir estas respuestas institucionales para lograr el grado de protección necesaria para aquellos que estamos en el ejercicio de esta función”, aseguró.
La solidaridad de Fein
Por su parte, la intendenta Fein brindó su solidaridad y ratificó el compromiso del ejecutivo provincial a la tarea judicial particularmente al juez. Propuso trabajar en forma conjunta, desde los distintos poderes del Estado, “porque aquí claramente se juega una responsabilidad institucional, que no tiene que ver con un juez, sino con toda la sociedad”.
«Lo que debemos repudiar es cualquier acto de intimidación, con más razón si está dirigido a un juez porque intenta dar un mensaje a la sociedad y a la Justicia. Es fundamental que se esclarezca», destacó.
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