Los juicios que investigan los crímenes cometidos por la dictadura avanzan, lento pero avanzan. Los hechos se reconstruyen en base a investigación y el testimonio, sobre todo, de sobrevivientes del genocidio y familiares de desaparecidos. Hay una palabra que falta: la de los acusados, ex militares o agentes que continúan su pacto de silencio. No dicen que hicieron ni cómo ni dónde llevaron a los secuestrados. Es en este marco que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa la campaña “Fui colimba”.
El objetivo es que contactar a personas que hayan hecho el servicio militar entre 1975 y 1983, años en que el terrorismo de Estado se desplegó por todo el país, y que hayan sido testigos (de manera involuntaria) de los crímenes que cometían las Fuerzas Armadas en su conjunto.
Se calcula que el año previo al inicio del golpe, el 24 de marzo de 1976, 300 mil hombres hicieron el servicio militar que por entonces era obligatorio.
En Santa Fe hubo al menos cuatro desaparecidos que estaban haciendo el servicio militar al momento de su secuestro: José Prat, Hugo Parente, Francisco Lera y Roberto Suárez. A nivel país, el número asciende a 129 conscriptos.
Desde el reinicio de las causas de lesa humanidad en 2006, la Justicia probó que muchos de los crímenes cometidos fueron en dependencias militares o en operativos. Es posible que muchos conscriptos hayan visto o escuchado cosas que pueden ser muy valiosas para el avance de los juicios: para acusar así como para dar con los lugares donde fueron a parar las miles de personas que aún siguen desaparecidas.
En estos años, de hecho, las declaraciones de estas personas han sido fundamentales para condenar a los responsables.
Desde Nación subrayan que las denuncias recibidas tendrán el carácter de confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuada.
La campaña de difusión incluye entrevistas a tres excolimbas y microrrelatos animados realizados a partir de declaraciones de exsoldados en los juicios.
En particular, en el juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo la palabra de estos hombres fueron fundamentales. Sobrevivientes y familiares habían realizado en su momento las primeras convocatorias a exconscriptos.
Por otro lado, la causa “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo” se basó en sus declaraciones para conocer el funcionamiento de vuelos clandestinos utilizados por el Ejército y poder condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601.
En el juicio por los crímenes del grupo de tareas del Regimiento de Mercedes, permitieron reconstruir un gigantesco operativo represivo en una casa que funcionaba como imprenta secreta del PRT – ERP en la localidad de San Andrés y tres exoficiales del Ejército fueron condenados por el secuestro y torturas a dos personas y un homicidio.
Los excolimbas también fueron importantes para probar la planificación y la participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de la quinta “La Pastoril”, en el que fueron secuestrados 8 militantes del PRT- ERP y otros 7 fueron asesinados.
Esta es la segunda campaña impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos. La anterior fue realizada en 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”, y permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que sumaron información y datos relevantes para avanzar sobre los juicios.
Aquellos hombres que hicieron la conscripción entre 1975 y 1983 y tengan información para aportar sobre lo que vieron, escucharon y conocieron en esos años, por mínima que sea, pueden contactarse por correo electrónico a fuicolimba@jus.gob.ar o por teléfono al (011) 5300 4139