Tras décadas de impunidad, la Justicia peruana fijó para el primero de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas, uno de los episodios más oscuros de una Presidencia (1990-2000) marcada por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo.
Además de Fujimori, deberán comparecer los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, según informó la agencia de noticias AFP.
Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.
Bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar se realizaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, según datos de la Defensoría del Pueblo peruano.
La mayoría de los hombres y mujeres que fueron objeto del programa eran de origen humilde, hablantes del quechua y firmaron un consentimiento escrito en español que no entendían.
Una de ellas fue Josefina Quispe. Tenía 33 años y 5 hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento.
Cuando despertó de la anestesia estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo empezó a preguntar qué le habían hecho y por qué tenía una cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió.
Su caso es parecido al de otras cientos de miles de mujeres indígenas peruanas, como Victoria Vigo.
«Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia», recordó Vigo en diálogo con la cadena de noticias BBC.
Su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.
«Había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'», pero otro médico le respondió: «No puede tener más hijos. La hemos esterilizado».
«Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso», aseguró Vigo, quien un año después de haber sido esterilizada empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, tras años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.
Fue la única que recibió una compensación y ella está convencida de que lo consiguió porque, a diferencia de la mayoría de las personas esterilizadas en contra de su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.
Otro de los miles de casos es el de Mamérita Mestanza Chávez. El de ella es conocido porque fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Chávez tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando comenzó a ser acosada por las enfermeras del centro de salud al que asistía para los controles de su bebé.
Le decían que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían.
Así fue como la operaron sin haberle realizado estudios previos ni brindarle atención postoperatoria y murió a los ocho días de la cirugía. Dejó siete hijos huérfanos.
Fujimori había defendido su política de natalidad con el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización quirúrgica, que hasta ese momento era ilegal en Perú.
«Pero la verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr», explicó en una entrevista con la BBC Rosemarie Lerner, directora del proyecto Quipu, que recoge y comparte testimonios de víctimas de ese programa fujimorista.
En diálogo con la revista Nueva Sociedad, la congresista peruana Tania Pariona coincidió y afirmó que «existió una cadena de mando para la implementación de dicha política» y contó que «se ofrecía una comisión de 30 dólares por cada paciente que esterilizaban con fines de cumplir metas».
