Organizaciones ambientalistas difundieron una carta abierta dirigida a los senadores santafesinos con motivo de queja porque cajonearon, una vez más, la reforma de la ley de agroquímicos. En duros términos, los referentes del movimiento de Pueblos Fumigados –que realizaron una campaña durante el año en la cual recogieron 30 mil firmas para pedir el tratamiento del proyecto, lo que finalmente no ocurrió– acusaron a los senadores de defender intereses corporativos y lanzaron una advertencia: “El pueblo los puso y el pueblo los va a sacar”.
En el marco de la campaña Paren de Fumigarnos, las instituciones que integran el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente tildaron de “vergonzoso el hecho de que por segunda vez los 19 senadores de la provincia no hayan tenido tiempo para tratar el proyecto de ley sobre agrotóxicos, con las modificaciones propuestas por la ciudadanía”, y se preguntaron: “¿No está indicando esto una evidente parcialidad?”.
En esos términos, las organizaciones ambientalistas criticaron al Senado por dejar caer la iniciativa por segunda vez en dos años. La reforma de la ley de agroquímicos perdió estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando terminó el período ordinario de sesiones, porque no fue tratada por el Senado.
El proyecto pretendía establecer nuevos límites para las fumigaciones. Fue la segunda vez que el Senado elude tratar el tema; la anterior había sido en 2010, cuando el proyecto –que tenía media sanción de la Cámara de Diputados– fue cajoneado por los senadores.
Durante 2012, las organizaciones responsables de la campaña “Paren de Fumigarnos” recolectaron 30 mil firmas de ciudadanos de toda la provincia –y el aval de más de cien instituciones intermedias– para reclamarle a la Cámara alta el tratamiento de la reforma de la ley 11.273 de modo de ampliar la franja de protección de las fumigaciones respecto del ejido urbano en todas las localidades.
“¿No fueron suficientes las más de 30 mil firmas de ciudadanos santafesinos y el pedido de mas de cien instituciones intermedias de la provincia, que les presentamos, avalando el mismo pedido?”, se preguntan en la carta abierta. “¿Tampoco los mensajes de los niños de escuelas fumigadas, que piden no seguir respirando veneno mientras están dando clases?”.
“El derecho constitucional de peticionar a las autoridades, que tienen los ciudadanos, obliga a los funcionarios elegidos y pagados por el pueblo a, por lo menos, considerar los pedidos que reciben de los mismos. El año próximo recibirán otro proyecto con similares demandas, porque con el derecho a la salud no se juega”, advirtieron los ambientalistas.
