El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó una unidad especial, integrada por abogadas expertas en violencia de género, que ya funciona en Corrientes 2114. Según señalaron desde el organismo, “el objetivo es mejorar el servicio de acceso a la Justicia en un contexto de demanda creciente por parte de mujeres víctimas de este flagelo”. Además, aseguraron que cada vez son más los casos que se reciben por día, y que la flamante área permitirá llevar «estadísticas» sobre el tema.
La institución ya venía asistiendo a víctimas de violencia de género, de hecho, se constituyó como querellante en una gran cantidad de casos.
“Ahora se dio un paso más con la creación de una unidad especial en la que trabajan profesionales del derecho plenamente identificadas con esta lucha. La creación de está oficina permitió aumentar la capacidad de respuesta de la institución ante una demanda creciente en casos de violencia de género”, sostuvo el director del CAJ Rosario, Fernando Sirk Marezca.
La formación de esta nueva unidad de trabajo trajo aparejadas modificaciones del sistema informático, de modo que además de contar con estadísticas clasificadas por tipo de delito, como se realizaba hasta ahora, la dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial contará con estadísticas precisas sobre violencia de género.
Centros de Asistencia Judicial
Los CAJ que funcionan en la provincia son cinco y tienen el objetivo de garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal. Están situados en las ciudades de Santa Fe (Nodo Santa Fe), Rosario (Nodo Rosario), Tostado (Nodo Rafaela), Reconquista y Vera (Nodo Reconquista).
En cada CAJ el usuario puede presentarse y solicitar respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo de un delito. De esa manera comienza a recorrer un camino con el apoyo y asesoramiento técnico de profesionales (abogados, trabajadores sociales y psicólogos). En otras palabras, el sistema fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
