Derecho a huelga, afuera. En la previa del paro general lanzado por la CGT y las dos CTA para este 9 de mayo, el gobierno nacional anunció que se le descontará el día a los estatales que adhieran a la medida de fuerza. De todas maneras, aclaró que sólo se aplicará el descuento a quienes no concurran por huelga, pero no para quienes no puedan llegar a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público. “Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, sentenció el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin aclarar cómo se va a distinguir a quienes presuntamente tendrían voluntad de ir a trabajar, salvo la línea telefónica oficial dispuesta para otra cosa: “Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”, sostuvo el portavoz.
Adorni recordó además que “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”, redoblando la presión oficial sobre la protesta cegetista.
El vocero también exhibió cifras para socavar la medida de fuerza: “6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el Amba; 1 millón y medio no podrá hacerlo en el interior, y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”, repasó.
En el mismo sentido, Adorni continuó, hasta mencionando la pandemia de coronavirus: “Desde el 10 de diciembre, nuestro gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de de 100 marchas e intentos de piquetes. Mientras que en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos bajo el lema «El Estado te cuida», tuvo cero paros”.
“Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, casi dos de cada tres medidas fueron contra gobiernos no peronistas”, insistió Adorni.
Y remató en tono épico: “Mañana (por este jueves) paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos quienes mañana quieren y necesitan ir a trabajar. Esos argentinos a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso en que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante”.
En ningún momento el vocero apeló a la fórmula que utilizaron otros gobiernos para justificar un plan de ajuste, la figura de “doloroso pero necesario”.
En la otra orilla el “parazo” pronosticado por el cosecretario de la CGT Héctor Daer en su visita a Rosario el último sábado arrancará a la 0 hora de este jueves contra la política económica del gobierno del presidente Javier Milei, amplificada en el proyecto de ley ómnibus con media sanción de Diputados que comenzó a tratar el Senado, y el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, rechazado en la Cámara alta y sin tratar en la Cámara baja.
Los gremios rechazan ambas y el paquete fiscal que, entre otras medidas, dispone una rebaja en el Impuesto a los Bienes Personales y la “reversión” del Impuesto a las Ganancias, la desaparición del Monotributo Social y el Régimen de Grandes Inversiones que propone beneficios inéditos para empresas multinacionales con proyectos por más de 200 millones de dólares. El propósito de la gestión de Milei es tener la ley Bases aprobada, pero además tenerla antes del 25 de mayo, fecha en la que Milei pretende que los gobernadores firmen su Pacto de Mayo en Córdoba.
