El hermano de Mariela Miranda, la madre de algunos de los hermanos Funes que fue asesinada en marzo de 2016 en el inicio de una saga que dejó decenas de muertos en zona sur, quedó preso luego de que lo imputaran como miembro de una asociación ilícita encabezada por su sobrino Lautaro «Lamparita» Funes y por René Ungaro. Para la Fiscalía, tras la caída en septiembre de 2017 de la cabeza del grupo, Lamparita, necesitaron personas de confianza que siguieran al frente de la organización. Y ellas fueron Brisa Amaral, de 18 años, que cayó presa en abril pasado, y Pablo Miranda. Según la acusación, el hombre de 41 años se encargaba de proveer armas y municiones para la protección de las bocas de expendio de venta de drogas. Una vez más, las llamadas telefónicas a través de las cuales recibía órdenes de sus sobrinos Lautaro y Alan Funes (detenido en enero pasado) fueron clave para involucrarlo en la asociación ilícita. Para el juez interviniente, Héctor Núñez Cartelle, la evidencia es concluyente y avaló la prisión preventiva efectiva del acusado pedida por la Fiscalía.
Para la fiscal Viviana O’Connell, que suplió a su par Gisela Paolicceli, con la caída de los hermanos Funes –Lautaro y Alan fueron detenidos, y Ulises y Jonatan asesinados a principios de año– se debilitó la estructura de la banda y necesitaron gente de extrema confianza que se hiciera cargo. Los elegidos fueron Brisa Amaral, cercana a Lamparita Funes –acompañó a Jonatan Funes a la cárcel de Piñero en febrero de 2018 cuando fue asesinado, era testigo protegida y ahora está imputada como miembro de la banda– y Pablo David Miranda, el tío de los Funes.
A partir de febrero la intervención de teléfonos que usaba el grupo empezó a mostrar esta nueva faceta. La actividad del tío, coordinada por Amaral, está vinculada según la acusación con la distribución de armas y municiones para la protección de las bocas de expendio de drogas y la distribución de la mercancía. Hay conversaciones entre ellos donde la joven le pide provisión de balas. Hablan de calibres, cantidad, si le llegaron o no, contó la fiscal. También hablan de los hermanos Funes detenidos, si tienen tarjetas telefónicas para comunicarse o si les llegaron los bultos que les mandan.
Hay comunicaciones entre números de teléfono adjudicados al tío y los sobrinos, otro asignado a Brisa Amaral a través del cual consultan a los hermanos y reciben órdenes.
Detectaron además una charla entre Miranda y su primo y de la conversación surge que tenían el dato de la venta de un comercio de lubricantes en efectivo, pero no tenían la gente para hacer el trabajo. Otra entre el tío de los Funes y un hombre no identificado al que le cuenta el conflicto con un búnker, hablan de alguien que suponen estaría armando una cocina de drogas en su casa. También le avisa de una “bronca” y le aconseja a Miranda que vaya armado. El resto de las conversaciones hace referencia a la contabilidad que llevaban sobre las actividades del grupo, el movimiento de testigos y algunos enfrentamientos armados, por ejemplo en Grandoli y Centeno y en Chacabuco y Presidente Quintana, referenció la fiscal.
Testigos
Otra conversación que resaltó O’Connell fue entre Miranda y Jorgelina «Chipi» Selerpe, pareja de Alan Funes y detenida por el crimen de Marcela Díaz, asesinada 14 de enero. Era hermana de Rubén “Tubi” Segovia, aliado del bando del barrio Municipal, ex jefe de la barra de Newell’s y asesinado a traición en la cárcel de Coronda, en abril pasado, por miembros de su propio grupo. En ella hablan de las causas penales que enfrenta Alan y de un testigo que tenía custodia y había dejado de tenerla. También de su retractación en el caso. O’Connell vinculó esta conversación al cambio en la declaración de la pareja de Marcela Díaz.
Este hombre fue testigo ocular del crimen y se salvó por hacerse el muerto cuando ambos fueron baleados en la zona oeste. El fiscal Ademar Bianchini, de la Unidad de Homicidios Dolosos, pidió un adelanto jurisdiccional de prueba en junio para asegurar el testimonio de este hombre en el juicio que enfrentarán Chipi y Alan Funes por el crimen de Díaz. El testigo respondió: «No me acuerdo» a todas las preguntas.
Para la fiscal está comprobado el vínculo familiar de Miranda con los hermanos Funes y el rol que cumplía dentro de la estructura que maneja importantes sumas de dinero. Además de la administración de armas, municiones y de proveer los búnker. Para O’Connell la actividad que realizaba, vinculada con el seguimiento de los testigos, buscaba hacer naufragar las causas judiciales y pidió la prisión preventiva sin plazo.
El defensor Maximiliano Rupani cuestionó la evidencia, aseguró que lo vinculan por ser familiar y pidió la libertad. Subsidiariamente un arresto domiciliario con controlador electrónico y una caución. Pero el juez Núñez Cartelle consideró que la evidencia es contundente. Este grupo de personas, que tenía una organización, evidentemente tenían la idea de permanencia en el tiempo para la comisión de distintos delitos, sostuvo. Para el magistrado la evidencia es concluyente en cuanto a la captación de comunicaciones de las que surge el tráfico de material balístico y sustancias. También del control y vigilancia de testigos. Entendió que no cumple con los requisitos para un arresto domiciliario y dictó prisión preventiva por el plazo de ley.
Habeas corpus
Los hermanos Lautaro y Alan Funes se encuentran en resguardo desde hace unas tres semanas. Pidieron el traslado a un pabellón, los referentes de éste dieron su aprobación para que estén allí, pero según la fuente consultada no se dio una solución a la situación, por lo que el viernes la defensa de los Funes presentó un habeas corpus sobre el tema cuya audiencia aún no se tramitó.
