Este miércoles desde las 9.30, Juan Cruz Ferreyra, junto con su familia, se manifestará frente a la Fiscalía de Estado –Moreno y Pellegrini– para visibilizar la situación que atraviesa desde que la Policía lo atropelló en el marco de una persecución plagada de irregularidades en 1° de Mayo y Ameghino. El chico, de 15 años, tomaba mate en la puerta de su casa el 16 de diciembre de 2016 cuando un furgón conducido por un efectivo no habilitado para manejar lo chocó y le causó la pérdida definitiva de una pierna. Su tía Yanina fue embestida y murió dos días después producto de múltiples lesiones. “Hasta el presente no han producido ninguna propuesta reparatoria concreta, violando las obligaciones constitucionales que tienen de reparar integralmente y de forma rápida y efectiva”, se quejaron familiares del adolescente en un expreso pedido a la provincia. El equipo jurídico de la Asamblea por los derechos de niñez y juventud acompaña el reclamo.
Juan Cruz vive en un séptimo piso y en los últimos tiempos ha aumentado de peso; superó los 100 kilos, a pesar de que siempre fue deportista. A partir del trágico suceso que le cambió la vida, impulsó el primer equipo de paravoley mixto de Rosario, que cuenta con 15 jugadores y que participa de encuentros interprovinciales. Sin embargo, como sostuvo el abogado Salvador Vera, “Juan cruz necesita en forma urgente poder redireccionar y reconducir su vida, y adaptarse a la nueva situación. Para eso necesita recursos”. De esa falta de apoyo nace el reclamo que se concretará este miércoles por la mañana, bajo el nombre de La Batalla de Juan Cruz. “Deben reparar integralmente el daño irreversible que le causaron a Juan Cruz para que pueda continuar con su vida”, pidió Vera junto con la familia del chico.
“El gobierno de Santa Fe no se ha hecho cargo del evitable y delictivo suceso, ni tampoco ha asumido la responsabilidad derivada del mismo, sometiendo a Juan a una situación de escaso apoyo material, mínima asistencia de rehabilitación y nula reparación económica por la impagable pérdida”, sostiene la Asamblea por los Derechos de Niñez y Juventud.
Sin ofrecimiento económico concreto
Salvador Vera, letrado que acompaña a la familia, amplió sobre los motivos del reclamo: “La Fiscalía de Estado en ningún momento formalizó propuesta económica de reparación por el grave daño que sufrió Juan Cruz; han puesto solamente en juego la entrega de una vivienda social que fue requerida por la mamá en el marco de la asistencia que el Estado debe brindar en el marco de la ley de Discapacidad, es decir por derecho, ya que el siniestro estuvo plagado de irregularidades. Pero buscan descontarla de un monto que todavía no ha sido ofrecido en concepto de reparación económica”.
El violento siniestro ocurrió pasadas las siete de la tarde del 16 de diciembre de 2016 en Ameghino y 1º de Mayo, en Tablada. Tres personas resultaron embestidas por un utilitario marca Renault Master que perseguía una moto a toda velocidad porque “había eludido un control” de rutina en la zona de Grandoli y Gutiérrez. El furgón policial perdió el control y se subió a la vereda, destrozó las estructuras de un local y terminó el trayecto contra un árbol. En el camino atropelló a Yanina Ferreira, de 40 años, quien falleció dos días después por las lesiones del impacto que le provocaron traumatismo de cráneo grave, la amputación parcial de ambas piernas y fracturas de húmero, radio y cúbito. Juan Cruz sufrió la amputación de una pierna; en tanto otra mujer que tomaba mates en la vereda también resultó herida de menor gravedad. Sobre la causa penal, que tiene imputado al efectivo Ariel Carlos María Alonzo Blanco, Salvador Vera dijo que la investigación “está casi concluida”. “Está casi todo cerrado –añadió el letrado–, excepto la cuestión de responsabilidades policiales, que están demorado más tiempo”.
“Preocupa profundamente la falta de sentido humano y sensibilidad en cuanto a la forma de producir las tratativas de reparación integral rápida y efectiva ante un hecho tan grave, producido debido a numerosas irregularidades imputables al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y que generara la afectación permanente a un menor de 15 años que tiene una dimensión oceánica en cuanto el tiempo de duración y extensión de los daños físicos, materiales y psicológicos”, sostiene el comunicado del equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Juventud.
