El Supa San Martín, una de las filiales más importantes del país del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y que tiene como afiliados a los trabajadores del sector de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, inició ya las maniobras para la normalización. Así lo había adelantado el flamante interventor de la seccional, Eugenio Begue, quien fue nombrado por el Ministerio del Trabajo de la Nación como reemplazante del abogado Marcelo Urban, a cargo de la filial desde casi fines del año pasado, tras el desplazamiento de Herme Juárez en el cargo de secretario General. Pero Begue, ligado al massismo y ex funcionario de la gestión de María Vidal en la gobernación bonaerense presentó la renuncia casi de inmediato, presionado por sectores gremiales del Supa, que ahora redoblaron el reclamo por el llamado a elecciones y la restitución del sindicato a los trabajadores.
El Supa San Martín fue intervenido en noviembre del año pasado como un resultado colateral de denuncias judiciales contra Juárez, al frente del sindicato y de la Cooperativa de Trabajos Portuarios desde finales de la década del 60, hasta el momento de su detención, el 1º de agosto del año pasado, acusado de lavado de dinero y extorsión, entre otros cargos.
El gremio y la cooperativa, que funciona desde 1961, cobraron relevancia estratégica a medida que fue creciendo el complejo agroexportador del Cordón Industrial. Supa San Martín negocia el llamado “convenio Copa”, por Complejo Oleaginoso Portuario Agroexportador, que se traduce, en concreto, en una suerte de salario mínimo regional: establece, además de los ingresos por categorías, el piso por el cual ningún trabajador del complejo puede cobrar menos, esto es desde los mozos y cocineros de comedores hasta el personal de seguridad, remiseros y toda actividad laboral vinculada al funcionamiento de las instalaciones portuarias, y que no es específicamente portuaria. Cada peso, en esa negociación, se multiplica por millones, y de ahí el interés de, al decir de Vino Caliente, como históricamente llamaron a Herme Juárez, sacarlo del mapa para presuntamente negociar a la baja.
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Mientras el caso sigue su ruta judicial, el histórico dirigente, ya en libertad, pasó junto a allegados por el gremio cuyas riendas detentó por décadas. Y ahí se puso en evidencia que había también sectores de trabajadores que habían querido desbancarlo, sin lograrlo.
“Nos manifestamos preocupados por la continuidad de las sucesivas intervenciones, y la provocación constante de Juárez, a quien le negaron nuevamente su llegada”, sostuvo Marcelo Vergara, estibador e integrante de la Agrupación Celeste y Blanca, que el pasado martes 14 se convocó frente a la sede sindical para reclamar que los afiliados voten una nueva comisión directiva que se haga cargo del gremio.
La intención anunciada por la cartera laboral nacional es que los trabajadores elijan a su conducción sindical en un cronograma que concluirá con la devolución de toda la estructura a los trabajadores portuarios.
A la intervención se le habían conferido 180 días corridos articular el proceso de normalización que ya había iniciado el ex interventor Urban. El paso previo era la presentación de un informe detallado del estado económico financiero de la entidad sindical, según lo establecía la resolución 460/2020 de la cartera laboral. Pero sectores internos piden acortar los plazos y que la situación se normalice cuanto antes.
La actividad portuaria, al ser considerada esencial en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, continuó con su trabajo en todos los puertos de la región siguiendo los protocolos y medidas preventivas recomendados por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Como parte de esos protocolos, las personas en situación de riesgo dejaron de prestar tareas presenciales, y semanas atrás la intervención del Supa firmó un acuerdo para garantizar los haberes a esos trabajadores: la propia entidad sindical tomo a su cargo el pago de sueldos.
Denuncia caliente
En ese marco, la tercera –y todo indica que última– intervención normalizadora, encabezada por José Castro y Fabian Echeverría, desembarcó en el Supa San Martín con mandato de devolver el gremio a los trabajadores en un plazo de tres meses.
Mientras tanto, las aguas sindicales se empiezan a agitar: este lunes la Agrupación Celeste y Blanca, que se postula para conducir la seccional, denunció que el ex secretario General Herme Juárez, depuesto judicialmente, se hizo presente en oficinas del gremio “a pesar de tener una orden de restricción dispuesta por el juez de Campana”, con lo que “nuevamente violó” la disposición para ingresar a una reunión con los interventores.
“Ante la complicidad de los interventores, logramos que el propio Juárez desistiera de su presencia en las instalaciones, y fue despedido con insultos para que no vuelva a violar las resoluciones judiciales”, sostuvo la agrupación, claramente antagónica a la gestión previa a la intervención.
“El procesado sindicalista además violo las restricciones ministeriales impuestas por los protocolos del Covid, que impiden el ingreso de personas de riesgo y mayores de 60 años”, concluyó la Celeste y Blanca. Y advirtió que lanzará una medida de fuerza “si no se termina con estos atropellos”.
