Para el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, es imposible que el nuevo Código Procesal Penal se ponga en marcha el año próximo, tal como pretende el gobierno. “No están dadas las condiciones”, sostuvo ayer Ganón. Al trasfondo político una vez más, cruces entre oficialismo y oposición por el mecanismo de designación de fiscales y defensores– se suman los roces con la Corte Suprema y las demoras en el traspaso de empleados y funcionarios del viejo al nuevo sistema.
La semana pasada, en medio de la renovada polémica que mantuvo con legisladores del PJ, el ministro de Justicia Juan Lewis había reiterado la intención del gobierno de poner en marcha la reforma penal en 2013, no ya los primeros meses –como se anunció al principio– pero sí en el transcurso del año. ¿Es posible?, le preguntó El Ciudadano a Ganón. “De ninguna manera”, contestó. “Si no se dan los acuerdos legislativos es imposible porque no vamos a contar con los recursos humanos que necesitamos”, añadió.
Los últimos cruces entre gobierno y oposición fueron por el envío de 16 pliegos para cubrir cargos en los nuevos órganos de la Justicia Penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa Penal. Un grupo de diputados del PJ quiere modificar el mecanismo para excluir de los concursos a las personas que se hayan desempeñado como funcionarios del Poder Ejecutivo en los dos años previos a la convocatoria. Para el ministro Lewis es una “caza de brujas”.
El defensor Ganón opinó que “falta mucho” para que la reforma esté operativa. “Esos pliegos parece que se caen. No se está llamando a nuevos concursos. Los cargos no se cubrieron todavía y hay muchas cuestiones por discutir. No están dadas las condiciones para poner en marcha el nuevo sistema”, enumeró.
Ganón consideró que las polémicas entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura son una “discusión entre sordos”. El funcionario judicial consideró que los concursos fueron “absolutamente transparentes” y, si bien admitió que hay “algunas cuestiones de la reglamentación que son observables”, concluyó que lo mejor que le puede pasar a la provincia es que “todo el sistema de designación de integrantes del Poder Judicial” sea puesto en cuestionamiento.
Los pliegos de seis de los 16 postulantes fueron observados por el PJ. Se trata de ex funcionarios del gobierno de Hermes Binner: Luis Schiappa Pietra y Carla Cerliani, propuestos como fiscales, y Mariano Bufarini, Francisco Broglia, Gonzalo Armas y María Laura Blacich, quienes ganaron sus respectivos concursos y, por lo tanto, sus nombres fueron elevados a la Legislatura como indica la ley.
La negativa de la oposición a convalidar esos pliegos llevaron a Ganón a lamentarse: “Probablemente perdamos algunos de los mejores candidatos. Son atendibles las observaciones éticas que puede hacer algún sector, pero hay que analizar caso por caso. Me parece que no se puede excluir a nadie por haber integrado un gobierno, menos cuando no hay ninguna legislación que lo prohíba”.
Pero, más allá de las designaciones, está la cuestión de los recursos. En busca de acelerar la reforma, en un contexto de crisis económica, Ganón propuso que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial para que se transfieran los fiscales y defensores que cumplen funciones bajo el viejo sistema para que empiecen a trabajar, junto con los nuevos funcionarios que designe la Legislatura, en un proceso de transición hacia la oralidad.
La inquietud tiene que ver con las necesidades de estructura y personal. Para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal prácticamente se debe replicar el organigrama de la Justicia de Instrucción que trabaja, en la actualidad, en la investigación de causas penales: alrededor 700 personas. Las leyes que rigen los organismos penales y los nuevos juzgados de ese fuero exigen el nombramiento de entre 600 y 700 operadores. La propuesta de Ganón es iniciar una transición con los actuales funcionarios mientras los legisladores continúan con el análisis de los pliegos propuestos por el Ejecutivo.
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