Por: Pablo Moscatello
A ver si esta vez se puede. La Concejalía Popular volverá a desempolvar dos viejas propuestas y las presentará una vez más en el Concejo Municipal en la jornada de mañana: la creación de un Servicio Público de Alquiler y el Registro de Contratos Locativos. En rigor, el primer proyecto apunta a reconocer la necesidad de disponer acciones y recursos para responder en forma activa el déficit de viviendas rentadas y, en tanto, la segunda proposición tiene por fin transparentar el mercado del alquiler evitando abusos del derecho y contratos que violen las normativas existentes. Las iniciativas vienen presentándose en el legislativo local desde 2005 pero la fuerte presión de la cámara que nuclea a las empresas inmobiliarias ha logrado frenar hasta ahora su aprobación.
En diálogo con El Ciudadano, el titular de la organización, Nire Roldán explicó que este martes, a las 10 de la mañana, la ONG junto a otras instituciones vinculadas a las problemática de la vivienda se harán presentes en el Palacio Vasallo y le entregarán una copia de los proyectos a cada uno de los presidentes de bloque y a todos los integrantes de la comisión de Gobierno. “Creemos que la necesidad de que se aprueben las ideas hoy es mayor que antes”, sostuvo el dirigente.
En torno a la génesis de los proyectos, básicamente el Servicio Público de Alquiler consistiría en la creación en un organismo municipal que, según Roldán, sería una “herramienta que facilitaría el acceso a un alquiler justo, garantizando los derechos de inquilinos y propietarios”, explicó Roldán.
En tanto, el ente se crearía en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos y tendría como función realizar (en base a los propietarios que suscriban el programa) un registro unificado de los inmuebles destinados a arrendamientos de viviendas y locales comerciales y efectuar la intervención entre propietarios de dichos inmuebles y los locatarios en cualquier controversia generada en torno a los contratos locativos. Además, el proyecto de Ordenanza propone crear un fondo municipal para financiar este servicio. Los aportes estarían compuestos por una partida anual proveniente del presupuesto del gobierno local, el 3 por mil que aportarían los propietarios que se suscriban sobre la valuación fiscal del inmueble en cuestión y 50 por ciento de lo que el municipio recaude en concepto de alícuota del Derecho de Registro de Inspección (DREI) a servicios y comisiones inmobiliarias.
“Si vos hicieras un registro de contratos el DREI que pagarían las inmobiliarias por servicios de tratados locativos sería mucho más alto”, sostuvo Roldán, para luego agregar que la Concejalía Popular realizó en 2009 (sin obtener resultados) un pedido de informe al municipio para saber cómo evolucionó la recaudación en concepto de Derecho de Registro de Inspección cobrado a las inmobiliarias en los últimos años, los cuales estuvieron signados por el fuerte crecimiento en los permisos de edificación. “Si bien no recibimos respuesta, sabemos que el ingreso debería haber crecido muchísimo y que, en la práctica, resulta que no fue así”, reveló el titular de la ONG.
Actualmente las firmas intermediarias casi no pagan DREI porque, por un lado, quienes facturan el servicio habitualmente son los profesionales (usualmente abogados) y no las empresas, y por otro, las compañías en general suelen buscar otra forma de registrar las operaciones y evitan hacerlo bajo el concepto de “servicios inmobiliarios”, que es lo que realmente prestan.
“Un ejemplo de la primera maniobra es que todos lo intereses que le cobran a la gente por la mora en el pago de una renta no se factura”, sostuvo Roldán, para luego agregar que “hay inmobiliarias que tributan menos que los quiosqueros de DREI. Está claro que en lo que respecta a esa parte del financiamiento del Servicio Público de Alquiler no estamos hablando de aumentar ningún impuesto, sino de que simplemente paguen lo que corresponda”.
El Servicio Público de Alquiler fue presentado por primera vez en el Palacio Vasallo en 2005. “En aquel momento tenía un fuerte consenso, pero las cuestiones políticas muchas veces hacen que un proyecto se frene”, recordó Roldán.
En tanto, una historia similar transitó el Registro de Contratos Locativos, el cual estuvo incluso a punto de ser aprobado en dos oportunidades. En el año 2007 la iniciativa llegó a tener despacho en comisión, pero las fuertes presiones de la Cámara de Empresas Inmobiliaria de Rosario (Cadeiros) impidieron su sanción. Posteriormente el proyecto nuevamente fue ingresado al Concejo en 2009, donde ya con más consenso, en un principio parecía que la idea iba a llegar a reunir los votos de oficialismo y oposición. Allí otra vez las inmobiliarias (esta vez en sociedad con la Cámara que nuclea a los empresarios de la construcción de la ciudad) volvieron a terciar con un fuerte lobby y le pusieron de nuevo freno a la iniciativa.
