El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió en que «no se puede seguir escondiendo el problema del delito juvenil», al defender el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que impulsará el Gobierno nacional que, según precisó, se trataría recién el año próximo.
«Es un tema estructural que el país necesita. Es hora que, después de tantos años, reformemos esta ley de la dictadura. Además, les digo que si hubiéramos querido hacer algo demagógico, habríamos presentado directamente un proyecto, pero lo que propusimos es una mesa de discusión», afirmó Garavano.
Argumentó que «al presentarlo en enero, lo que intentamos fue sacarlo de la discusión electoral que, entendemos, se va a dar a partir de abril».
«Para esta etapa, convocamos a una comisión de expertos para que elabore un proyecto, pero la idea es que recién en 2018 se discuta la ley», indicó.
En declaraciones a un matutino porteño, Garavano señaló que hay «dos modelos antagónicos que queremos romper: por un lado uno demagógico que se preocupa sólo por la baja de la edad; y, por otro lado, otro modelo que por no hablar de la baja de la edad no se ni anima a discutir».
Para Garavano, los menores «son víctimas y victimarios del delito» y advirtió que «no se puede seguir escondiendo el problema del delito juvenil debajo de la alfombra».
Además, aclaró que «las estadísticas disponibles tienen que ver con los que están internados» y agregó: «como los jóvenes son inimputables, hoy esa es una medida ante casos gravísimos, el resto no está en la estadística de casos de delitos cometidos».
«Nosotros vemos en la franja de 15 años un problema, pero fijar una edad termina siendo arbitrario porque la maduración de los jóvenes puede ser muy distinta. Por eso, una de las alternativas que propuse, y conversé con Unicef, es la posibilidad de trabajar sobre cargas de prueba: que de 14 a 16 años sea el fiscal el que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto; y que de 16 a 18 sea la defensa», agregó.
El miércoles el gobierno de Mauricio Macri anunció que tiene previsto impulsar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años después de las elecciones legislativas y despertó polémica con repercusiones a favor y en contra.
El ministro Garavano aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil se presentará «recién después de las elecciones» legislativas de este año, «para sacarlo de la lógica política electoral».
Para ello, el Gobierno creará una comisión que analizará la reforma del Régimen Penal Juvenil, que estará conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud, así como también habrá participación de ONGs, se informó.
Unicef, en contra de la baja de imputabilidad, igualmente pide nueva legislación
El organismo alertó que la medida afectaría a 82 menores de 16 años y contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) de Argentina rechazó mediante un comunicado las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
«La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales», indica el texto.
Unicef alertó que «la baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país. Por su parte, el 80 por ciento de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe».
En el comunicado, el organismo dependiente de las Naciones Unidas cuestionó que en algunas jurisdicciones «ya existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Unicef propuso que se apruebe una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad y, además, «cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal».
El Gobierno impulsará una ley para bajar la edad de imputabilidad
