Por: Guillermo Correa
“El espíritu de la ley, lo que da origen a la garrafa social, es muy sencillo: un tipo, que cocina en Puerto Madero un plato exclusivo para un turista norteamericano, y que se lo va a cobrar 150 dólares, paga el gas que usa para cocinar muchísimo menos que un chaqueño que está en medio del monte calentándose un guiso”. Es el ejemplo al que acude el gremialista Rubén Pérez, que algo sabe de eso: es el titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Santa Fe Sur, precisamente una región que alberga tanto a un polo petroquímico, como lo es San Lorenzo-Puerto San Martín, y a uno de los mayores núcleos de consumo de combustibles del país, como lo es Rosario y el Gran Rosario. Si a una distancia de menos de 40 kilómetros unos fraccionan y envasan gas, y otros lo consumen, la ecuación cierra sin problemas. O al menos debería: “La garrafa no se consigue. Fui a buscar y no hay. Ahora tengo que llamar para que me la traigan, y te cobran lo que quieren”, se queja José, que vive en la zona oeste.
Según la información oficial –ratificada también por organizaciones como la Red Argentina de Consumidores– la red de gas domiciliario ya abarca el 90 por ciento de la ciudad. Pero ello está lejos de significar que en 9 de cada 10 hogares rosarinos tengan provisión de gas natural: el costo que implica la instalación –todo depende de los metros de cañería, las bocas y de los artefactos, pero la suma de ninguna manera está por debajo de los 10 mil pesos– hace que muchas familias sigan dependiendo del gas envasado. Se trata de otro combustible y a otro precio: del gas licuado de petróleo dependen las familias más humildes del país, y la garrafa era –¿es?– lo más caro que hay.
A fines de 2007 organizaciones sociales de todo el país denunciaban que el gas se había ido a las nubes: 27 pesos la tenían que pagar vecinos y sus militantes, que denunciaban que había aumentado 7 pesos de un saque. Y aseguraban también que desde la caída del 1 a 1, el imprescindible envase había subido un 200 por ciento.
La polémica, la pulseada y las presiones encontradas empujaron a que, menos de un año después, el 19 de septiembre de 2008, se firmara el “Acuerdo de estabilidad del precio del gas licuado de petróleo envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos de capacidad”. Las empresas productoras, fraccionadoras y las cámaras Cadigás, Cegla, Cafragás, Cadeco y AFGas, que representan a todos los eslabones del sector del GLP, suscribieron con la Secretaría de Energía de la Nación y la Federación Argentina de Municipios el pacto que dio origen a la “garrafa social”.
La de 10 kilogramos fue la estrella del acuerdo: se puede transportar más o menos tolerablemente en una bicicleta con canasto –un paisaje común en los barrios de Rosario– y, con un poco de esfuerzo, hasta caminando –muchas veces con pequeños montacargas que los vecinos se prestan entre sí– si no son tantas cuadras.
Es que la garrafa social, una de las cosas que elimina es el flete: hay que ir a buscarla directamente a la planta. Es la misma garrafa que se puede encargar por teléfono: no tiene etiqueta distintiva alguna y el color es el de la empresa que la comercializa: cada uno tiene el suyo –amarillo, celeste, verde, blanco, entre otros– para recuperar los envases si se mezclan. En Santa Fe son 63 bocas; de ellas 11 están en Rosario.
Empero, cuatro de esos puestos son móviles, y la zona norte de la ciudad está desguarnecida: según el listado oficial, el punto más cercano es un puesto móvil de Italgas en la vecinal Martín Fierro de Granadero Baigorria.
¿Tiene gas?
La llegada de la ola polar, con temperaturas que perforaron los 5 grados bajo cero en la periferia de Rosario, detonó el problema. La garrafa se acaba y hay que reponerla, y las denuncias se sucedieron: o bien no hubo, o se cobraban el doble y hasta el triple del precio fijado para la garrafa social. Éste, sin embargo, funcionó como piso: un llamado telefónico –las distribuidoras más grandes tienen los números gratuitos 0-800– y el necesitado cliente tendrá la garrafa en la puerta de su casa por una cifra que debería ser garrafa social + flete. ¿Y cuánto es eso? El Ciudadano, en medio de la ola de frío, comprobó que podía contar con una garrafa de 10 kilos para el día siguiente a 28 pesos en una distribuidora; al mismo precio en otra, pero a tres días; y en una tercera también para el día siguiente, pero a 30 pesos. “¿Usted es cliente?”, preguntó una voz femenina en otra distribuidora, para concluir que tenía disponibilidad. Y en una quinta, directamente atendía un contestador automático: “Lamentamos mucho no tener gas. Lamentamos mucho esta situación”, se disculpaba el comercio.
Lo cierto es que, aunque suene a mucho, a escala nacional los seiscientos y pico de puntos no alcanzan. De hecho, voceros del gremio de Petróleo, Gas y Biocombustibles, que defienden el acuerdo, admiten que más que nada les sirve a los que tienen “la suerte” de vivir cerca de las plantas. Por ejemplo, un vecino de Travesía y Génova no tiene más remedio que irse hasta Juan José Paso al 6900: no será el fin del mundo, pero es, cuanto menos, lejos.
La situación también se torna compleja en localidades del interior de la provincia. Para ello, el acuerdo contempla que los propios municipios que se sumen puedan, además de “controlar el cumplimiento” del acuerdo, “suministrar el producto referido al precio acordado”. Para ello deben comprometerse a “destinar un predio que se encuentre dentro del ámbito de su jurisdicción y bajo su responsabilidad”, y que cumpla con “las condiciones técnicas y de seguridad” para recibir allí las garrafas y distribuirlas al precio “social”.
Saldos y retazos
La Secretaría de Energía, por su parte, compensa el precio con el flujo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP” creado por la ley 26.020.
“Pero el subsidio llega a los 60 días. Y si las empresas pueden cobrar cash por la gran demanda de garrafas, ¿cómo no lo van a hacer?”, advierte, de nuevo, la voz del sindicato del sector. Es uno de los motivos del faltante de garrafas. Pero no el único: en el gremio comparan, por caso, que un cilindro de gas de 45 kilos cuesta 200 pesos, y cuatro garrafas y media, 72. “El cilindro tiene propano, que con bajas temperatura tira bien igual. Pero no el butano”, explican a este diario. Igual, no son pocas las casaquintas de Funes que tienen las mangueras adaptadas: en sus garitas del exterior hace rato que, en lugar de cilindros plateados, hay garrafas de colores.
El sector menos necesitado, sin embargo, ejerce presión de demanda sobre el envase de 15 kilos, más que sobre la más popular de las garrafas, que es la de 10. Pero en el gremio dan cuenta de otro grupo social, acaso imposible de mensurar, pero que existe: hogares que están conectados a la red de gas natural, pero que por distintos motivos tienen cortado el servicio. “Víbora de dos cabezas”, le llaman en la jerga del sector a la manguera que sirve para conectar un artefacto tanto a la red como a una garrafa. La diferencia de una cocina para que encienda con uno u otro combustible sólo es el pico. Hacerlo viola todos los reglamentos, es cierto, pero la necesidad muchas veces puede más que la normativa.
