El gobierno nacional ratificó ayer la decisión de retirar la custodia de las dependencias públicas de la ciudad de Buenos Aires, una medida instrumentada sorpresivamente en la jornada del lunes, y que profundizó los cruces con la administración encabezada por Mauricio Macri.
El Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré ratificó que los efectivos no retomarán las custodias pese a que la Policía Federal había comunicado oficialmente ayer al mediodía que la prestación de servicios policiales adicionales en edificios públicos, como escuelas y hospitales, caducaría recién a partir del 6 de mayo próximo.
Esas distintas notificaciones, que salieron desde el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal, generaron confusión y alimentaron la polémica entre Nación y la ciudad.
Es que al mediodía, el jefe de la Federal, Enrique Capdevilla, envió un comunicado al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, en el que le anunciaba que a partir del próximo 6 de mayo se rescindiría el convenio “para la prestación de servicios de policía adicional”.
La comunicación se realizó de esta manera, ya que ése es el plazo de anticipación previsto para finalizar el convenio que el gobierno porteño y el Ministerio del Interior de la Nación firmaron en septiembre de 2006.
Esta situación prestó a la confusión, ya que desde el gobierno porteño lo recibieron como una postergación de la medida e incluso agradecieron el “buen gesto” del Ministerio de Seguridad.
No obstante, unas horas después, alrededor de las 13, la Policía Federal emitió un nuevo telegrama a las 53 comisarías de la ciudad para ratificar que no custodiarán plazas, monumentos, hospitales y escuelas dependientes del Ejecutivo porteño.
“Se ratifica a todas las comisarías la orden emitida el viernes último en la que se deja sin efecto la custodia adicional por parte de la Policía Federal de los objetivos a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, decía la misiva enviada a las comisarías, según revelaron fuentes policiales.
La explicación a esta ratificación radica en que si bien el contrato debe rescindirse con un preaviso de un mes, según el convenio, los efectivos cobran a mes vencido, por lo que en mayo percibirán la prestación brindada hasta el 4 abril.
En este contexto, continuó el cruce de declaraciones por las razones de la finalización del convenio, ya que el Ministerio de Seguridad profundizó la versión de una deuda superior a los 27 millones de pesos (unos siete meses), pero en la Policía Federal sólo hablan de 60 días de atraso.
“Los opcionales se le van a compensar al personal; van a hacer esas horas extra pero para la Policía Federal en la calle; a partir del mapa del delito, se va a concentrar el recurso humano donde es necesario y no en un edificio donde la criminalidad es baja”, explicó el secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad, Gustavo Sibilla.
El gobierno porteño insistió en criticar la medida, advirtió que no puede brindar el servicio con los efectivos de la Policía Metropolitana y admitió que no tiene “método alternativo”.
“Estamos todos sorprendidos. No entendemos a dónde va la presidenta con el tema de la seguridad, por qué se jode con el tema de la seguridad de los porteños. Si tenemos que discutir, discutámoslo nosotros, sin meter a la gente en el medio”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
En tanto, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, alertó: “En esto no hay plan B: la seguridad de la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la Policía Federal. En todo caso los que debieran presentar un plan alternativo son ellos”.
El secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad, Sibilla, respondió que “si tienen incapacidad para vigilar un hospital mucho más la van a tener en la calle, que es mucho más peligrosa”.
Durante la madrugada de ayer, los 1.400 policías se retiraron de cada uno de los 114 puestos –entre hospitales, escuelas, parques y edificios públicos– designados en distintos puntos de la ciudad para ser reasignados en “tareas de calle y prevención del delito”, justificó la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.
Mientras tanto, esto motivó que los empleados del Hospital Piñero, uno de los edificios que queda sin custodia, convocaran para hoy a un paro por 24 horas por “falta de seguridad”.
