El juez español Baltasar Garzón fue expulsado oficialmente ayer de la carrera judicial por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado, destacado por considerar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, lo que le valió el reconocimiento internacional, pero que encontró su techo al intentar aplicarlo en España al periodo franquista, sigue recibiendo reconocimiento del mundo cultural. Escuchando al juez Garzón, una larga entrevista que grabó Isabel Coixet, se alzó en Madrid con el premio Goya al mejor documental y se convirtió en un homenaje a su figura (ver aparte).
Tras haber sido condenado a 11 años de inhabilitación el pasado 9 de febrero por el Tribunal Supremo por ordenar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligada al Partido Popular (PP), y sus abogados, la CGPJ ratificó la expulsión de Garzón, aunque debe ser rubricada por el pleno del organismo, el próximo jueves.
El magistrado, de 56 años, ya fue notificado de la decisión, por lo que a partir de ayer dejó su cargo al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional de España, desde donde se hizo mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos.
Por el momento la sentencia es firme, puesto que fue dictada por el máximo tribunal que imparte justicia en España. Sin embargo, Garzón tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional para que la sentencia quede en suspenso, argumentando que sus derechos fundamentales han sido vulnerados durante el proceso.
En caso de no tener una respuesta satisfactoria recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de obligado cumplimiento para todos los Estados de la Unión Europea (UE), según reveló su abogado, Francisco Baena Bocanegra.
El segundo proceso que afronta por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, aún pendiente, prevé una sanción de hasta 20 años de inhabilitación. La tercera investigación en su contra fue archivada recientemente por prescripción del presunto delito de cohecho que se le imputaba por haber recibido financiación de bancos y empresas españolas en 2005 y 2006 para dictar unos cursos en Nueva York.
