La jueza federal María Servini citó este jueves a indagatoria al ex secretario de Energía durante el macrismo Javier Iguacel, por haber dictado en 2018 una resolución con la que obligaba a los usuarios del servicio de gas a compensar a las empresas distribuidoras los efectos de la devaluación.
La citación es para una audiencia vía Zoom a realizarse el viernes 27 próximo por la tarde, y la medida ya había sido solicitada por la fiscal federal Paloma Ochoa.
La causa está vinculada con el dictado de una resolución en 2018 en la cual Iguacel habilitó a que las empresas distribuidoras de gas pudieran cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas, con el fin de compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.
La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a poder cobrar a los usuarios un pago extra en 24 cuotas para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por el proceso de devaluación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Al dictar la resolución, la secretaría de Energía se había basado en que la reglamentación de la ley 24.076, sancionada en 1992 cuando regía otra política monetaria, se establecía que «las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y en la periodicidad que este establezca en la correspondiente habilitación».
Sin embargo, del expediente formado para el dictado de la resolución surge que en su momento, el Ente Regulador de Gas (Enargas) indicó que esa norma no debía reinterpretarse a la luz de la realidad económica argentina de los últimos 20 años, para no afectar a los usuarios, en un dictamen que fue desoído por completo por la secretaría de Energía.
Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto de este año que se declare su nulidad absoluta e insanable.
La fiscal Ochoa consideró que Iguacel «evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento». En ese sentido, dijo que ello perjudicó a «usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado».
Si bien la apariencia era la «compensación», dicha medida «en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas –en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba–, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor», según la fiscal.
«En el plano normativo no correspondía que dichas diferencias fueran trasladadas automáticamente al usuario, mientras que en el plano fáctico se acreditó que las empresas distribuidoras de gas, de modo paralelo a la formulación del reclamo compensatorio, lejos de haber sufrido un quebranto con motivo de la devaluación monetaria, habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros –contratos de dólar futuro– que maximizaron sus beneficios», agregó la fiscal.
La prueba reunida en el expediente permitió acreditar que por ejemplo durante el período estacional comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2018, en el que se generaron las diferencias diarias acumuladas luego reclamadas, tanto Metrogas SA como otras distribuidoras (Gas Cuyana SA y Gas del Centro), intervinieron activamente en el mercado de compra-venta de dólar futuro.
Durante el 2018, Metrogas S.A. realizó un total de 187 operaciones en el mercado Rofex (Mercado a Término de Rosario), y sólo durante el periodo estacional en cuestión (1º de abril y el 30 de septiembre de 2018) efectuó otras 62 intervenciones, según surge del dictamen fiscal.
Para la fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio de la administración pública.
La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontaneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.
