Dos dueños de bares y restoranes de Rosario terminaron detenidos este miércoles por la policía mientras realizaban una protesta frente a la sede de gobernación, que organizaron como una gran cocina para dar de comer a gente en situación de calle. Ese escenario sirvió para exigir ayuda estatal ante las restricciones horarias y de cupo a sus negocios como medida para contener la pandemia.
Jorge Sauan, propietario del Bar Gorostarzu, se refirió al tema tras recuperar la libertad. “Entendemos el cuadro sanitario, pero me parece exagerada la posición del fiscal. Había que estar ahí: 10 manifestantes y 16 policías con escudos y bastón. Apelaré la causa porque no quiero estar condicionado por seis años, que es lo que dispone el derecho penal”, dijo el comerciante.
“Entiendo que la concentración de ayer (por este miércoles) no estaba permitida, pero hubo antes muchas otras acciones de desborde y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría”, se justificó Sauan. El mismo día de la protesta, el gobierno provincial anunció una asistencia económica al sector (10 mil pesos por trabajador durante tres meses) que se agrega a la dispuesta por Nación y beneficios tributarios.
Ayuda santafesina de emergencia a empresarios gastronómicos: 10 mil pesos por trabajador
El presidente de la Asociación Empresarios Hoteleros Gastronómicos y afines de Rosario, Carlos Mellano, intermedió para que a Sauan recuperara la libertad pero con críticas a la modalidad. “Esta iniciativa, noble, se discutió dentro de nuestra institución y la recomendación fue hacerla dentro de marco de ley, no establecer un marco de protesta en este contexto. Decidieron seguir adelante y ahora seguiremos de cerca el proceso”, explicó el dirigente sectorial.
Una movida solidaria para dar de comer terminó con tres gastronómicos demorados
El fiscal de Flagrancia José Luis Caterina fue quien ordenó la detención provisoria de los empresarios. “Lo primero que le pedí a la comisaría es que preguntaran si tenían habilitación o no. Ahí fue medio «que sí, que no, que de palabra, que estaba en trámite». No hicimos otra cosa que consultar a la Municipalidad y desde la Secretaría de Gobierno nos dijeron que no había una habilitación expresa y que tendría que haberla”, explicó el funcionario sobre su decisión.
El fiscal resaltó que los manifestantes no tenían ningún permiso para el montaje de la cocina, o que al menos no lo pudieron acreditar. Y agregó que cuando los efectivos les pidieron que se retiren de la vía pública se negaron.
“La idea era que esto sea una cocina abierta 24 horas por siete días», recordó el fiscal sobre los anuncios de los gastronómicos. Y explicó el riesgo: «Ayer podía haber 200 personas, pero ¿cuántas iba a tener los seis días restantes?”.
