Raúl Maza, vocero de los gendarmes que llevaron a cabo la protesta salarial, adelantó que esa fuerza se sumará al paro convocado por la CGT y la CTA, mientras que el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Raúl Garré, negó ser responsable del recorte de salarios que generó el conflicto.
Maza, quien fue pasado a disponibilidad el último sábado, en medio de la protesta, aseguró que los gendarmes van a estar «en el paro nacional convocado por la CGT y la CTA representando a la fuerza», aunque aseguró que no tuvieron «ninguna comunicación» con los dirigentes de esas dos centrales gremiales.
Además, calificó como «una falacia y una falta de respeto» que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, haya dicho que los sueldos de las Fuerzas Armadas son «adecuados y razonables», y sostuvo que «se sabe que tienen sueldos de hambre».
Por otra parte, en declaraciones radiales, consideró que son repudiables las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad por las cuales pasaron a disponibilidad al menos a ocho efectivos de la Gendarmería Nacional, con él incluido.
En este sentido, consideró que «algunos usan la bandera de la democracia como un títere» y agregó: «Más allá de eso, nosotros vamos a seguir viviendo en democracia y utilizando las herramientas que ésta nos da, y vamos a hacer las presentaciones legales correspondientes».
En tanto, el hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y ex jefe de Gabinete de esa cartera negó tener responsabilidad por el decreto que motivó la protesta de los gendarmes.
«Pareciera que fui yo el creador de un decreto que quitaba una parte importante del sueldo al personal más postergado. Se habló de un 40 o un 50 por ciento», sostuvo Garré.
El ex funcionario, que con su renuncia al cargo descomprimió el conflicto en las fuerzas de seguridad, sostuvo que se generó una «situación de zozobra y se rompió la cadena de mando», al tiempo que opinó: «Poníamos a la presidenta (Cristina Kirchner) en una situación de mucho conflicto de gobernabilidad en una semana».
No obstante, Garré indicó que trabajaron en ese decreto durante un año y que su objetivo era «normalizar y mejorar el salario administrativo de la fuerza» pero «esto no se produjo porque hubo una decisión de postergarlo con la existencia de los amparos».
Por su parte, el hermano de la ministra de Seguridad afirmó que el retraso salarial de las fuerzas existía desde 1993 y que durante la presidencia de Néstor Kirchner se fue subsanando con suplementos al salario.
Además, cuestionó a los abogados y a los jueces por los amparos que, según dijo, complicaban la situación y agregó: «Yo personalmente presidí una comisión para evitar que se judicialicen los reclamos y pudimos frenarlos».
