“Vemos remota la posibilidad de reincorporación. General Motors despliega todas las maniobras en un colchón del que nunca sale dañado ni perjudicado”. Así definieron los trabajadores de la planta autopartista de Alvear la situación de los 350 trabajadores que fueron suspendidos hace un mes a partir de un acuerdo entre la compañía y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) de Rosario. El documento –rechazado por los suspendidos- fue presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero aún no quedó homologado. Ayer a la mañana se hizo la primera audiencia en la cartera laboral local y dos de las cinco partes convocadas no se presentaron. Desde el gremio sostuvieron que no fueron porque “no tenían nada que hacer ahí”. “Este es un acuerdo a nivel nacional que fue firmado por 23 de 24 delegados. No me importa que no estén de acuerdo, la conducción del gremio la tengo yo, no ellos”, dijo el secretario general Marcelo Barros. Tampoco hubo representación del gobierno nacional. En cambio, un abogado de General Motors llegó a la audiencia y pidió que el gobierno provincial se declare incompetente. El ministro de Trabajo de Santa fe, Julio Genesini, dijo a El Ciudadano que analizarán la competencia de la cartera local y remarcó que esperan una salida “sin pérdida de puestos de trabajo”.
Pedido de reincorporación
La audiencia fue solicitada de manera particular por un grupo de suspendidos de General Motors que, sostienen, dejaron de ser representados por el gremio Smata. Cinco partes fueron convocadas, pero sólo tres se sentaron en la mesa de negociación. El Ministerio de Trabajo de la Nación, encargado de homologar el acuerdo por el cual 350 operarios de la planta fueron suspendidos sin previo aviso desde el lunes 6 de marzo, no se presentó. Tampoco lo hizo Smata. “Fuimos citados pero no tenemos que hacer nada ahí. El acuerdo es nacional, no provincial, y fue firmado por 23 delegados, con un disidente. No me importa que estén en desacuerdo, la conducción del sindicato soy yo, no ellos”, afirmó Marcelo Barros a El Ciudadano.
Sí estuvieron presentan los trabajadores suspendidos junto al abogado Sebastian Sancevich, un representante de General Motors y funcionarios del Ministerio de Trabajo local.
Darío Sosa, operario de General Motors, sostuvo que presentaron los descargos, solicitaron la inmediata reincorporación de todos los suspendidos y rechazaron el acuerdo. Si bien los trabajadores están dispuestos a transitar todas las instancias de negociación posibles, ven “como remota una reincorporación”. “Creemos que estas suspensiones son despidos encubiertos. De hecho, la empresa ya cerró entre 20 y 30 retiros voluntarios y a todos los demás nos anularon las tarjetas de entrada a la planta. Ni el gremio nos recibe, tenemos las puertas cerradas, no nos dejan entrar”, explicó Sosa.
Sancevich sostuvo que recién en la audiencia de ayer la empresa presentó el acuerdo formalmente a los trabajadores. Según el abogado, los operarios también solicitaron el apartamento del cuerpo médico de la fábrica por mala praxis y denunciaron presiones psicologiotas a trabajadores adentro y afuera de la planta. “La decisión fue discriminatoria, basada en la persecución política y gremial y a cuestiones de salud, porque suspendieron a los trabajadores lesionados. General Motors actúa como si fuera una embajada, cuando tiene jurisdicción en Argentina y Santa Fe y tiene que respetar las normas laborales vigentes”, explicó Sancevich.
El abogado de la empresa habló poco. Se limitó a decir que el acuerdo está amparado por la ley y el ministerio de Trabajo de la Nación por lo que rechazó el pedido de reincorporación. De todos modos, el documento aún no fue homologado en la cartera laboral nacional. Además, el abogado pidió que el gobierno se declare incompetente en las negociaciones.
Competencia provincial
Después de la audiencia y consultado por este diario, Genesini sostuvo que desde el Ministerio que conduce evaluarán la competencia. “Hay un trámite a nivel nacional en el que interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación, por eso fue citado también. Lo cierto es que las intervenciones en este caso son excluyentes, pero vamos a analizar todos los antecedentes para ver cuál es nuestra competencia”, expresó y agregó: “La preocupación por este conflicto es de todo el gobierno de la provincia. Hemos tenido contacto con la empresa y estamos preocupados por el futuro de los trabajadores. La provincia jerarquiza la preservación de los puestos de trabajo, se transmitió eso a la empresa y esperamos que este proceso termine sin pérdida de puestos de trabajo”.
