La familia de la joven abusada por su tío y ex secretario del senador Scarpin, Marcelo Galaz, habló sobre las irregularidades en la investigación y la revictimización de parte del fiscal Aldo Gerosa. Sus actuaciones fueron auditadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en un informe elevado a la Legislatura para definir el destino del funcionario judicial quien, según adelantó la prima de la víctima, fue apartado de la causa. “La trató de mala víctima, le gritó, y no le dio la posibilidad de tener una querella”, dijo a El Ciudadano Natalí, prima de la víctima.
Según contó, las irregularidades comenzaron después de la detención de Galaz. Para entonces, la víctima le preguntó al fiscal si era necesario contratar a un abogado y, según Natalí, Gerosa le dijo que no era necesario. “Gerosa le dijo a ella que no necesitaba un abogado, que él la iba a defender, cuando el fiscal no defiende, sino que acusa. Con eso, ella perdió la posibilidad de tener una querella”, contó la mujer.
Otra de las irregularidades denunciadas fue que la joven y su familia aseguran que el imputado no cumplió la prisión domiciliaria. “Gerosa le hizo firmar a ella un pedido de prisión domiciliaria. Tiempo después lo vieron a Galaz en la calle, trabajando para el municipio. Le avisaron a Gerosa pero él lo desestimó y dijo que era chusmerío”, aseguró Natalí.
Ante estas situaciones, la víctima escribió una carta que publicó en sus redes sociales y que fue cuestionada por el fiscal. “Le dijo que le tumbaba su estrategia y su actuación, y que era una mala víctima. Que no había indicios de abuso y que ella ya estaba bien”, acusó la prima.
Y cuestionó el trato de la psicóloga de Fiscalía: “Le dijo que ella había tenido mala suerte porque Galaz se estaba descubriendo sexualmente como persona, pero que él no va a seguir violando. ¿Cómo puede asegurar eso?”.
Negociaciones
Natalí aseguró que su prima quería llevar a su abusador a juicio, pero las irregularidades continuaron y terminaron en un acuerdo abreviado. Según contó, en diciembre le habían avisado a la joven que estaba por iniciarse el juicio. Pero tras la visita del senador Orfilio Marcón a Tribunales, le avisaron que se había suspendido. “Yo publiqué las fotos en mis redes sociales preguntando qué tenían que ir a hacer ese día. El secretario de gobierno renunció y el senador Marcón se justificó. Al tiempo aparecieron los audios donde Gerosa cuenta que Marcón lo había llamado por su situación en el concurso como juez y le pide ayuda con algún abreviado en el caso Galaz para que se termine a fin de año y no salpique a la campaña. Marcón es tan culpable como Gerosa”, contó Natalí.
Desde entonces, comenzaron una sucesión de negociaciones con acuerdos abreviados. “Primero le ofrecían que firme 3 años de prisión, una suma de dinero, una propiedad y un trabajo en la Municipalidad. Ella lo rechazó. No quería la casa donde él la abusó ni trabajar en el mismo lugar donde había trabajado él. Ella quería que fuera preso”, aseguró la prima.
“Al tiempo, le proponen otro acuerdo con una pena de 6 años y una multa cercana a los 2 millones de pesos que tampoco aceptó. Gerosa fue a la casa a apurarla a firmar, pero ella se negó a la espera del juicio. Finalmente conseguimos un abogado que medió y acordó 7 años y más dinero. Era más reparador que los otros acuerdos. No era lo que ella esperaba y quería, pero ir a un juicio sin querella era para que queden los pedazos de ella en el camino”, agregó la mujer sobre el acuerdo y dijo que tras varias negativas será homologado por un Tribunal integrado por los magistrados Mauricio Martelosi, Norma Senn y Gonzalo Basualdo.
Descargo
La semana pasada, la víctima envió una carta a la Cámara de Senadores, otra a Diputados y otra a la Comisión de género, mujeres y diversidad de Santa Fe para denunciar el vínculo entre el fiscal Gerosa y el senador Orfilio Marcón, del mismo espacio político que su abusador.
“Me dirijo a ustedes para informarles que el senador Orfilio Marcón mantenía contacto y pedía información sobre el proceso a quien era el fiscal de la causa, Aldo Gerosa. Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos, las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado”, expresó la joven en los escritos.
Y agregó: “En una ocasión el fiscal Gerosa me hace referencia a que estaba «recibiendo llamadas de la política» y posteriormente me nombra puntualmente al senador Marcón. Me parece importante destacar que mi abusador compartía el mismo espacio político que el senador Marcón”.
“Espero que el senador Marcón también tenga consecuencias por su mal accionar. Como ciudadana, me parece gravísima la convivencia entre el poder legislativo y el judicial, considero que atenta contra la democracia y la república. Como víctima, me siento indefensa, vulnerada y re–victimizada por un senador que al día de hoy me sigo preguntando: ¿Por qué estaba tan interesado en la causa?”, señaló.
La causa
A fines de abril, el ex secretario privado de Dionisio Scarpin, Marcelo Galaz, confesó ante un tribunal de Reconquista haber abusado sexualmente de su sobrina entre los 4 y los 10 años. Fue condenado a una pena de siete años de prisión en un juicio abreviado.
El ex funcionario de la localidad de Avellaneda, y colaborador del senador nacional por Juntos por el Cambio, deberá pagar una indemnización de 6 millones de pesos a la víctima, de los cuales ya pagó la mitad y le queda el saldo que deberá abonar el 29 de mayo.
Galaz fue condenado por los hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en número indeterminado de veces, con acceso carnal reiterado”. Su víctima era su sobrina menor de edad, de la que abusó durante más de 6 años.
La investigación del hecho fue realizada por el fiscal Aldo Gerosa, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, quien al presentar la acusación hacia Galaz había adelantado un pedido de pena de 32 años de prisión.
La condena fue acordada por el abogado defensor, Ricardo Degoumois, y por quien asesora a la víctima, el abogado Gabriel Baucero, con participación del fiscal Juan Marichal y presentada ante el juez penal Santiago Banegas, en los tribunales de Reconquista.
Sin embargo, a principios de mayo, Banegas se negó a homologar el acuerdo bajo el argumento de que carecía de “libertad” para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Marcelo Barraguirre, que había adelantado que haría una investigación sobre el caso luego de conocerse un audio con la voz del fiscal Gerosa, refiriendo que el senador Marcón le pidió que terminaran con el caso antes de comenzar la campaña electoral, ya que el acusado había sido secretario privado de Scarpín cuando era intendente de Avellaneda.
El auditor general de Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leando Mai, ingresó un informe a la Legislatura provincial tras un sumario contra la tarea desempeñada por el fiscal Aldo Gerosa en la investigación a Marcelo Galaz, acusado de violar a su sobrina durante 6 años. En 83 páginas del escrito, el auditor detalla 6 conductas disvaliosas que ameritan el análisis de la Legislatura en el marco del artículo 62 bis de la ley 13.013 que establece mecanismos de sanción y remoción de fiscales por mal desempeño. Le reprocha al fiscal Gerosa que no corresponde otorgar al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria; la revictimización de la denunciante; y el acuerdo abreviado en Reconquista sin cumplir los requisitos establecidos, ya que carecía de la firma de conformidad de la víctima. También le cuestiona al fiscal un pedido inicial de condena de prisión por 32 años, que luego en un acuerdo abreviado redujo a 22 años y que finalmente acordó en 7.
