La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó advirtió que no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto, al considerar que sería un acto totalmente «inválido e inconstitucional» y una jugada «al mejor estilo (Nicolás) Maduro».
«Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que sean destituidos por decreto y a los ministros de la Corte» Suprema, planteó Gils Carbó sobre su eventual desplazamiento.
En declaraciones a Radio Con Vos, la procuradora consideró que sería «un escándalo» que el Gobierno intentara removerla de su cargo «al mejor estilo Nicolás Maduro», al trazar una comparación con lo que sucede en Venezuela.
«Existe un gran paralelismo entre lo que está pasándole a Luisa Ortega (la procuradora de Venezuela). Maduro la quiere destituir por un modo contrario a la Constitución, lo mismo que me pasa a mí», remarcó.
Sucede que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega comenzó a desligarse del chavismo tras la nueva oleada de protestas contra el gobierno que se vive en el país caribeño, por lo cual Maduro impulsó un proceso de destitución en su contra, que se concretaría en los próximos días.
En la última semana trascendió que el presidente Macri podría intentar desplazar a Gils Carbó por decreto si el juez federal Julián Ercoloni la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.
En tanto, Gils Carbó, denunció una presunta ofensiva de la gestión macrista contra el sistema judicial: «Ya ha habido jueces federales que denunciaron presiones y los jueces laborales están expuestos a una campaña de hostigamiento constante», indicó.
Y agregó: «En lo que a la Procuración respecta, esto empezó en noviembre de 2015, cuando el entonces candidato y ahora presidente decía que yo tenía que renunciar si asumía, desconociendo el claro texto constitucional que establece que el Ministerio Público es autónomo e independiente y que no tiene que retirarse cada vez que cambie el gobierno».
Por otro lado, volvió a negar una relación de cercanía con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la designó en el cargo, y sostuvo que no es «militante de ningún partido».
Y si bien reconoció su pertenencia al grupo de Justicia Legítima, al que definió como «un grupo de magistrados y funcionarios judiciales progresistas en el ámbito de la justicia», rechazó vincular ese espacio con el kirchnerismo.
