Por Pablo Taranto
Mientras un puñado de episodios señalan el peligroso avance de los sectores antiderechos ensoberbecidos por el voto “percha” en el Senado –el intento de evitar una Interrupción Legal del Embarazo en el hospital Rivadavia, una violenta demostración de padres contra la Educación Sexual Integral en escuelas públicas y, enseguida, el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que busca reinstalar el más restrictivo Protocolo de abortos no punibles, el que impulsó Mauricio Macri en la Ciudad en 2012–, la lucha por garantizar los derechos sexuales y reproductivos no se detiene y entrega noticias jurídicas más auspiciosas.
En Cipolletti, Río Negro, un tribunal decidió este jueves elevar a juicio la causa contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El profesional impidió que se practicara un aborto a una joven víctima de violación, una de las causales contempladas por la ley vigente para acceder a la práctica.
“Soy un gladiador y esto es todo un circo”, declaró a los medios, al salir de la sala, Rodríguez Lastra, cuya defensa había pedido el sobreseimiento. “No estoy para nada conforme. Mis expectativas eran otras. Estoy decepcionado y dolido, pero sigo con la fortaleza de saber que me respalda la verdad y que actué a conciencia, como debía hacerlo”, dijo al diario La Mañana.
“Con su accionar, el médico habría incumplido con lo normado por la Ley Provincial 4796 y el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales que resultaran embarazadas producto de la violación a acceder a la interrupción legal de su embarazo, y su no acatamiento encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, reiteraron los fiscales ante el juez Julio Sueldo, presidente del tribunal.
La denuncia la hizo la legisladora provincial Marta Milesi (Juntos Somos Río Negro), quien estuvo presente en la audiencia y fue increpada por un grupo de militantes “pro vida”. “A la salida, los grupos de pañuelos celestes me insultaron. Yo creo que si están tan cerca de Dios tendrían que tener otra actitud”, dijo la autora de la primera ley de Muerte Digna en el país.
“Acá creen que la única persona y la única familia que puede sufrir es el doctor Lastra –agregó Milesi–, pero no saben que hay una víctima que sufre y que en este momento se encuentra internada. Yo estoy conforme con que vaya a juicio, y habrá que esperar cómo se da. Es lo que corresponde”.
El 2 de abril de 2017, Rodríguez Lastra, de 41 años, jefe del servicio de Ginecología del hospital Pedro Moguillansky de esa ciudad rionegrina, se negó a practicar la ILE a una joven de 19 por considerar que su embarazo tenía 22 semanas y media de gestación, a pesar de que había sido violada.
El Protocolo para la atención de abortos no punibles al que adhirieron varias provincias a partir del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia no establece un plazo límite para la ILE en casos de violación. Precisamente, esa es una de las polémicas restricciones del Protocolo que podría volver a tener vigencia en la Ciudad de Buenos Aires luego del último fallo del máximo tribunal porteño: fija un plazo límite de 12 semanas para acceder a ese derecho. (Tiempo Argentino)
