El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este jueves en pleno debate sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que la normativa «es una necesidad sanitaria» y dijo que «ninguna creencia puede estar sobre la evidencia» que demuestra que los países con este tipo de políticas públicas redujeron la mortalidad de mujeres.
«La interrupción voluntaria del embarazo es una necesidad sanitaria, son muertes que podemos evitar y es prevención, que es la base fundamental de cualquier política de salud, evitar que las cosas ocurran», afirmó a Télam González García, quien fue uno de los expositores de la primera jornada del debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 1° de diciembre pasado.
El ministro sostuvo: «Nuestra perspectiva es de salud pública». «Por supuesto que entendemos además que es el derecho de las mujeres y es un acto de justicia social porque no es igual para todas; los dolores, las muertes y las lesiones las tienen las mujeres pobres, las que no son pobres acceden yendo a una farmacia y comprando el producto; pero no es fácil tener más de 6.000 pesos para muchas argentinas», añadió.
Según el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio), esa medicación se vende en la Argentina a un valor que oscila entre los 6.000 y los casi 10.000 pesos, en tanto la Organización Mundial de la Salud la incluye en la lista de «esenciales».
González García recordó que «el proyecto permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y después de eso establece causales como el peligro para la salud, vida o violaciones, como estaba antes en el Código (penal)» y enfatizó la importancia que «se deja de penalizar a las mujeres».
«Es una ley absolutamente necesaria, es triste que Argentina no tenga una ley como sucede en la mayoría de los países del mundo. Esto resuelve el problema de la mortalidad materna pos aborto que fue y sigue siendo muy alta en Argentina; resuelve las 38 mil internaciones por año que tenemos como consecuencia de abortos o intentos de aborto inseguros», describió.
Con respecto a las manifestaciones contrarias a la ILE, aseveró: «Yo soy respetuoso de las creencias, pero una creencia no puede estar sobre la evidencia y la evidencia es que la mayoría del mundo que tienen estas políticas, algunos hace más de 50 años, han resuelto la mortalidad materna evitable».
Consultado sobre si cree que se llegará finalmente a la sanción de la ley, González García sostuvo que «la sociedad está muy madura, creo que ya lo estaba en 2018, y seguramente los debates van a durar menos porque ya se dijo mucho aquella vez; hoy está todo el impulso del (Poder) Ejecutivo que no estaba antes».
En 2018, el proyecto de legalización del aborto fue aprobado en Diputados por 129 votos a favor, 125 negativos y una abstención de la legisladora cordobesa Alejandra Vigo, pero fracasó luego en el Senado, donde obtuvo 38 votos negativos, 31 positivos y la abstención de la neuquina, Lucila Crexell.
El titular de la cartera sanitaria nacional recordó que Argentina tiene también el proyecto de la «ley de los 1000 días, que permite acompañar a las mujeres para que decidan si quieren o no seguir su embarazo de acuerdo con su situación social, económica y cultural y si quieren seguir cuentan con el apoyo del Estado».
«Sigo pensando que si el aborto afectara a los hombres estaría resuelto hace tiempo», concluyó.
El debate, que se inició el martes pasado, contó con varias rondas de expositores que dieron sus posiciones con testimonios a favor y en contra de la IVE y se espera que el próximo miércoles 9 de diciembre se emitan los dictámenes sobre esa iniciativa y la del plan de los 1000 días, para luego tratar los proyectos en una sesión especial al día siguiente.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito celebró la presentación de este proyecto y expresó que tiene «coincidencias muy significativas y los mismos objetivos» de garantizar la legalidad, la seguridad y la gratuidad de la práctica, «lo que permite esperar que, de su tratamiento, resulte una buena ley».
«A su vez, ambos proyectos retoman también los consensos logrados en la media sanción de Diputados en 2018. En este sentido, entendemos que el proyecto del PEN es también resultado de la larga trayectoria de luchas y producción de conocimiento que la Campaña como movimiento social ha realizado», expresaron en un comunicado.
En ese texto indicaron también que «tenemos algunas observaciones y diferencias respecto de la mención de la Objeción de Conciencia (OC) del personal médico que está a cargo de prestar este servicio o de proveer la práctica».
«Nuestro proyecto no contempla la OC por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos», completaron.
En ese sentido, sostuvieron que «la experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley, y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia».
